La situación migratoria regional actual es inédita, tanto por el crecimiento exponencial de los migrantes que viven en la región, como por la reconfiguración de las dinámicas migratorias en la que países que tradicionalmente casi no recibían migrantes comenzaron a hacerlo.
En este escenario emergen políticas securitarias y restrictivas que buscan controlar los flujos migratorios. Estas prácticas que parecían estar limitadas a los países del norte, avanzan sin demasiada oposición hacia nuestra región y, año tras año, corren el límite de lo habilitado. Mientras la situación de quienes buscan llegar a Estados Unidos se encrudece, la militarización de las fronteras sudamericanas aparece cada vez más naturalizada.
Desde finales de febrero cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, que residían en Chile se vieron obligados a dejar el país. Ello, por los altos costos de vida y el endurecimiento de la política migratoria -en particular la falta de canales para regularizarse y los proyectos de reforma legislativa que criminalizan la migración irregular-.
El gobierno de Chile decretó el despliegue militar al norte del país. Con ello, amplió las atribuciones y deberes de las FF. AA, habilitando controles de identidad y detención de personas en situación irregular o que hayan cometido o se crea que buscan cometer un acto ilícito para ponerlas a disposición de las policías.
La situación se agravó aún más cuando la salida del territorio chileno se vio impedida por la prohibición del gobierno de Perú de ingresar al país alegando falta de documentación. En este contexto, Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y la militarización de las fronteras apelando a razones de orden interno y de seguridad nacional. Entre otras cosas, la declaración del estado de emergencia restringe y/o suspende el ejercicio de los derechos de libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
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Foto: Pablo Rojas Madariaga