El 4 de septiembre, la legislatura porteña fue sede de un acto de “homenaje a las víctimas del terrorismo”, organizado por referentes del partido La Libertad Avanza para conmemorar a las personas que murieron por acción de las organizaciones armadas de los años ’70. Una de las oradoras fue Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta y presentada en los medios como la futura responsable de los ministerios de seguridad y defensa, en caso de que las elecciones presidenciales las gane Javier Milei.
Villarruel encabeza hace años el reclamo sobre el reconocimiento social de lo que ella llama las “víctimas del terrorismo”, aquellas personas civiles o militares que fueron afectadas por acciones de las organizaciones armadas. En los últimos tiempos, este reclamo -que en algunos casos no ha recibido respuestas concretas por parte del Estado- aparece articulado con las demandas de organizaciones que reivindican el plan de desaparición y exterminio dirigido desde las Fuerzas Armadas contra opositores políticos. Estas organizaciones se han constituido para impedir la rendición de cuentas de sus responsables, Villarruel es parte de estas organizaciones desde hace dos décadas.
Actos como el de la Legislatura terminan desviándose de los objetivos manifiestos. Los debates que emprenden sobre el número de personas desaparecidas no son demandas al Estado para que abra los archivos de la dictadura, sino una forma de desacreditar a familiares y organizaciones en su búsqueda de justicia, memoria y verdad. Decir que las personas que fueron arrojadas adormecidas al río o al mar o aquellas a quienes les robaron a sus hijas e hijos eran terroristas, es una forma de invocar y justificar las formas máximas de violencia estatal.
La reivindicación de la violencia estatal como una vía para abordar conflictos sociales ocurre en la actualidad. Escuchamos en campaña justificaciones y promesas de intolerancia hacia la disidencia política. La pregunta es qué decisiones tomará La Libertad Avanza en caso de ganar las elecciones, qué violencias de Estado están dispuestos a relativizar, legitimar y aplicar.