El jueves 14 de diciembre, junto con el Comité de Acción Jurídica (CAJ), nos sumamos a una acción de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y entregamos al cónsul de Guatemala en Argentina esta carta dirigida al presidente de ese país, Alejandro Giammattei.
Estimado Presidente Alejandro Giammattei,
Las organizaciones firmantes, locales e internacionales, trabajamos en distintos ámbitos por el respeto del estado de derecho y el avance de los derechos humanos en América Latina. Nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación por las recientes actuaciones del Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales pretenden implementar un golpe de estado judicial y anular los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado agosto y la elección democrática del presidente electo, Bernardo Arévalo. Urgimos al actual gobierno respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco e iniciar el proceso de traspaso de poder al presidente electo Arévalo.
Bernardo Arévalo fue electo futuro presidente de Guatemala el 21 de agosto de 2023. El pasado 8 de diciembre de 2023, mediante una conferencia de prensa, el Ministerio Público, bajo dirección de la Fiscal General Consuelo Porras, solicitó la nulidad de las elecciones presidenciales y el retiro de la inmunidad del presidente electo. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala rechazó lo que calificó como un “nuevo intento emprendido hoy por el Ministerio Público (MP) que pretende declarar la nulidad de las elecciones, y ve con extrema preocupación estos ejercicios que son una alteración clara del proceso y un desconocimiento a la expresión del voto y la voluntad popular.” A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a que se respete el resultado electoral del pasado 21 de agosto.
Las actuaciones del Ministerio Público para invalidar las elecciones democráticas llevan varios meses. El 1 de octubre de 2023, el Ministerio Público allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Ciudad de Guatemala, y se llevó cajas que contienen las actas originales de los resultados de las elecciones celebradas el 20 de agosto. Ello pese a que el 28 de agosto, una semana después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral había oficializado los resultados de las elecciones.
A su vez, recordamos que Berndardo Arévalo y Karin Herrera Aguilar, vice-presidenta electa, sufrieron posterior a las elecciones actos de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, y amenazas, incluyendo en contra de sus vidas e integridad, por lo cual el 24 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares.
Como organizaciones que velan por el respeto del derecho, queremos recordar el carácter ilegal de las actuaciones del Ministerio Público, las cuales vulnerarían el estado del derecho y la democracia en Guatemala, así como el derecho de los ciudadanos guatemaltecos a elegir libremente a sus representantes. A su vez, no está dentro del mandato del Ministerio Público fiscalizar elecciones que ya fueron oficializadas por el TSE. Durante las elecciones, el Ministerio Público ya había iniciado una serie de restricciones arbitrarias a los derechos políticos de algunos candidatos presidenciales, las cuales son contrarias al derecho internacional. Recordamos también que, en 2022, la Fiscal General Consuelo Porras fue también sujeta a sanciones por el gobierno estadounidense, por haber obstruido y socavado repetidamente investigaciones por corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos.
Presidente, es responsabilidad de líderes como usted garantizar que se respete el estado de derecho y la democracia. Llamamos al gobierno de Guatemala a defender las instituciones y el orden constitucional del país.
Atentamente,
Acción Ecológica – Ecuador
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Perú
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas – Chile
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia
Collectif Guatemala – Francia
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) – El Salvador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) – México
Comité de Acción Jurídica (CAJ) – Argentina
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas – Chile
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador
IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS) – México
Justiça Global – Brasil
Justiça nos Trilhos – Brasil
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil
Observatorio Ciudadano – Chile
Perú Equidad – Perú
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
Foto: Reuters