Ecuador vive una ola de violencia producida por bandas del crimen organizado. Como ya había sucedido otras veces en los últimos años, la última semana se caracterizó por una seguidilla de ataques incendiarios, motines carcelarios, secuestros y tiroteos en las calles que dejaron un saldo de varios muertos. El gobierno, como también ocurrió anteriormente, declaró un estado de emergencia. Pero ahora lo acompañó de un estado de “conflicto armado interno”, medida que fue denunciada como inefectiva y muy peligrosa para la población.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador señala que desde 2021 los gobiernos reiteran las declaraciones de emergencia e intervenciones de Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad, la cuales no tienen ninguna eficacia porque solo tapan la ausencia de una política de seguridad orientada a resolver los verdaderos problemas de criminalidad y violencia. El principal problema es que el crimen organizado ha permeado las instituciones políticas, policiales, militares, judiciales. Eso vuelve imposible la planificación y ejecución de una política de seguridad seria, dispuesta a controlar estas bandas y disminuir el campo de acción de las redes de ilegalidad, ya que cuentan con connivencia y protección de actores estatales.
Sobre esta última declaración de un “conflicto armado interno amparado en el Derecho Internacional Humanitario”, la preocupación es mayor ya que implica una situación de falta de garantías para la población civil y una habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las organizaciones ecuatorianas señalan que la noción de “agentes beligerantes” y el estatus de “combatientes” no se condice con la realidad de las bandas delictivas que protagonizan hechos de violencia, y que no tienen base ideológica ni fines políticos. Además, se deja la puerta abierta para clasificar en esa misma categoría a otros grupos, sin que se sepa el criterio que se utilizará para hacerlo. De este modo, se plantea un difuso “campo enemigo” dentro del cual podrían ingresar cualquier individuo o grupo que el Estado defina de manera arbitraria.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) indica que la crisis de violencia es el resultado de la radicalización de las políticas neoliberales que desestructuraron al Estado y lo dejaron sin respuesta, facilitando además la penetración del crimen organizado.
Ecuador llega a esta situación porque, entre otras razones, no se hizo nada con la corrupción y la connivencia de estructuras policiales, militares, penitenciarias, judiciales y políticas. El sistema de inteligencia ecuatoriano no hace inteligencia criminal. Se dedicó en los últimos años a espiar a opositores políticos. Otra razón fue la desregulación extrema de los mercados financieros, que transformó a Ecuador en un lugar codiciado por las redes de narcotráfico trasnacional porque es fácil lavar dinero.
Finalmente, las políticas de endurecimiento penal de los últimos años produjeron una enorme sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas, hasta tal punto que resulta imposible gobernar las prisiones.
El ejemplo de Ecuador, como antes lo fueron México o Brasil, ratifica que recurrir a las Fuerzas Armadas es una decisión desesperada que llega en el momento en que colapsan las estructuras de seguridad, como consecuencia de no haber tomado previamente decisiones de reforma, fortalecimiento institucional y de capacidades de investigación. Al mismo tiempo, la intervención de las Fuerzas Armadas no resuelve estos problemas, sino que los agrava al escalar la violencia.
Por eso, si existe una preocupación por el crecimiento de estructuras criminales organizadas en la región, hay que tomar decisiones a tiempo. Se necesita fortalecer las capacidades estatales de control de los flujos financieros, de seguridad y reducción de las dinámicas de violencia, y de inteligencia e investigación criminal, para cumplir de manera eficaz con su función, en lugar de utilizar ejemplos como el de Ecuador para promover la militarización de la seguridad.