El 22 de febrero funcionarios del gobierno nacional anunciaron, en distintas declaraciones públicas, la decisión de cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Aún sin una norma que lo disponga, distintas autoridades celebraron la noticia con declaraciones estigmatizantes respecto del organismo y sus trabajadores.
El trabajo del INADI es de gran importancia para la implementación de políticas públicas contra la discriminación y en favor de la igualdad tanto en materia de racismo y xenofobia como en relación a grupos vulnerabilizados como los colectivos LGBTIQ+, personas con discapacidad y minorías religiosas, entre otros.
La decisión de eliminar el organismo pone en jaque los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino frente al CERD, genera incertidumbre respecto del trabajo en curso y la situación de los empleados de la entidad, y evidencia la intención de recortar sus funciones bajo la excusa del ajuste presupuestario.
Los pronunciamientos del Ministerio de Justicia sobre la supuesta absorción de las facultades del INADI no alcanzan para paliar la incertidumbre institucional y normativa respecto de cómo el Estado argentino garantizará el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de no discriminación. Asimismo, la autonomía del INADI le permite señalar aspectos discriminatorios tanto en el poder ejecutivo nacional como en los poderes ejecutivos de las provincias y municipios de todo el país, algo que no podría hacer el Ministerio en razón de su pertenencia institucional.
Por todo esto, enviamos al CERD una comunicación de seguimiento a la implementación de la Convención en el país y a las Observaciones finales del Comité sobre los últimos informes periódicos de la Argentina, entre las que valoraba positivamente el trabajo del organismo y recomendaba incrementar sus recursos humanos y financieros para seguir expandiendo su presencia territorial y fortaleciendo sus capacidades.
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