Ante el aumento de los casos de islamofobia, antisemitismo y otras formas de intolerancia en todo el mundo, recordamos a los diferentes Estados su obligación de garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos de protesta. Ahora más que nunca, defender estos derechos y proteger el intercambio de información y expresión sobre este conflicto es vital, si queremos que haya alguna esperanza de una resolución pacífica a través de un diálogo necesario y significativo.
Protesta, expresión e información para combatir la discriminación
Como dijo el Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, el conflicto entre Israel y Hamás “provocó repercusiones en todas las regiones, deshumanizando tanto a palestinos como a judíos”. Rechazamos esta deshumanización y condenamos el aumento de discursos de odio, la violencia y la discriminación. Estas violaciones no deben tolerarse, y los gobiernos y la sociedad civil deben condenar la discriminación en todas sus formas, mientras los estados garantizan el acceso a información justa, libertad de expresión y protestas seguras para todos.
Los derechos de protesta y expresión pacíficas son fundamentales para cualquier sociedad democrática. Las prohibiciones y restricciones impuestas a las protestas, eventos y actividades pro palestinas en países como Australia, Estados Unidos y varios países europeos, incluidos Alemania, el Reino Unido, Irlanda y Hungría, son una clara violación de estos derechos. Creemos que al prohibir las manifestaciones de solidaridad, los Estados están contribuyendo a generar tensiones y odio en torno a este conflicto. Los gobiernos deben cumplir con su deber de proteger estos derechos y garantizar que las protestas no sean respondidas con violencia o restricciones indebidas.
Advertimos en particular sobre:
-La discriminación y violencia contra personas percibidas como árabes, palestinas o musulmanas por parte de las autoridades de inmigración y de aplicación de la ley. Es esencial garantizar que las acciones y políticas de migración y aplicación de la ley respeten los principios de igualdad, no discriminación y debido proceso. Ningún individuo debe ser objeto de elaboración de perfiles o discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad o religión.
-El uso de leyes antiterroristas para reprimir el discurso, los medios de comunicación y criminalizar el activismo. Esta táctica ilegítima que se generalizó en los países occidentales después de los ataques del 11 de septiembre en los EE.UU. se vio nuevamente en entornos universitarios contra grupos de estudiantes, académicos y profesores pro palestinos en Estados Unidos, pero también en Europa. Las universidades y las escuelas en general son espacios donde se debe fomentar la libertad de expresión, el debate abierto y el disenso pacífico.
-La represión de la protesta. La protección de las libertades civiles y la promoción del diálogo son pasos cruciales para resolver el conflicto palestino-israelí y garantizar una paz justa y duradera para todos. A pesar de esto, seguimos observando la intimidación de las voces disidentes, las restricciones de las manifestaciones basadas en el contenido y las detenciones de manifestantes que utilizan su derecho democrático a expresar colectivamente sus opiniones sobre el conflicto.
-Censura digital. Estamos profundamente preocupados por los casos de censura y supresión de contenidos relacionados con Israel y Palestina en las plataformas de redes sociales. El derecho a la libertad de información y expresión debe respetarse en la era digital, y cualquier restricción debe ser estrictamente necesaria, proporcionada, transparente y sujeta a supervisión. Las plataformas de redes sociales no deben degradar, inhabilitar, prohibir, moderar excesivamente o suspender el contenido de manera arbitraria, sin explicación y sin un medio para que los usuarios apelen y busquen una reparación. La supresión políticamente sesgada de hechos y opiniones obstaculiza la capacidad del público para participar en un debate informado y crítico. Todos los actos de censura, en línea o fuera de línea, contribuyen a la desinformación y a crear un efecto paralizador severo y duradero en el discurso público que puede poner en serio peligro cualquier esperanza de una paz duradera, o incluso temporal.
Nos hacemos eco de Volker Türk al pedir a los Estados que “garanticen un espacio seguro y propicio para la participación y el debate”, lo que incluye garantizar el acceso a información confiable. Insistimos en que los gobiernos no pueden restringir indebidamente la participación, el debate o los comentarios críticos sobre el conflicto, ya sea en solidaridad con los israelíes o los palestinos. En momentos de grave crisis social, las salidas para que las personas expresen sus emociones son clave. Por lo tanto, la protesta es una válvula de seguridad vital que da a la gente una salida para expresar sus preocupaciones. Al oprimir y discriminar, los Estados sólo aumentan la hostilidad y obstaculizan la resolución de conflictos religiosos, étnicos y otros conflictos sociales.
Lo que ocurre en Gaza es un asunto de principal preocupación para todos. Es de vital importancia que los gobiernos de todo el mundo cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho de las personas a solidarizarse con quienes están atrapados en una crisis humanitaria.
Agora International Human Rights Group (Russia)
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
Dejusticia (Colombia)
Human Rights Law Centre – HRLC (Australia)
Human Rights Law Network (India)
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU
Irish Council for Civil Liberties – ICCL
Kenya Human Rights Commission – KHRC
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence – KontraS (Indonesia)
Legal Resources Centre – LRC (South Africa)
Liberty (UK)
Centro de Recursos Legales – LRC (Sudáfrica)
Libertad (Reino Unido)