Más de 95 organizaciones, defensores y expertos de todo el mundo firmamos el 29 de abril un llamado urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a su Secretario General y a otros organismos de derechos humanos para denunciar el acuerdo entre los Estados Unidos y El Salvador que implica trasladar y detener personas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. Solicitamos a los mecanismos de la ONU y la OEA investigar los detalles de lo acordado de manera secreta y las condiciones de detención en el CECOT; instar al cese inmediato del traslado de migrantes y el retorno de las personas detenidas; y promover un debate urgente, sanciones y una condena pública por parte de los organismos internacionales.
El gobierno de Estados Unidos decidió expulsar a mas de 200 personas migrantes, en su mayoría venezolanas, hacia El Salvador, donde fueron enviadas al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la mega cárcel destinada a la detención de pandillas en condiciones inhumanas. Tras una reunión entre Nayib Bukele y el secretario de Estado Marco Rubio, se conoció un acuerdo bilateral a través del cual el gobierno de Estados Unidos pagará más de 6 millones de dólares a El Salvador para que reciba y confine a las personas deportadas. El presidente Trump anunció públicamente el acuerdo, diciendo que las personas enviadas al CECOT son “terroristas” que integran la organización “Tren de Aragua”. Sin embargo, ninguna atravesó un proceso judicial que permita afirmar esas acusaciones ni contó con garantías de debido proceso. Entre quienes trasladaron al CECOT, está Kilmar Ábrego García, un salvadoreño al que el gobierno estadounidense dijo haber deportado por “un error”. Su situación llegó a la Corte Suprema estadounidense, la cual dictaminó que el gobierno debía tomar medidas para “facilitar” su liberación. A pesar de eso, todavía no se consiguió que vuelva a Estados Unidos donde vive su familia.
Este tipo de deportación y encarcelamiento de migrantes en El Salvador implica una violación a derechos fundamentales. Además, sienta un grave precedente que podría hacer que la práctica se replique en otros países de la región y sea un profundo retroceso en la protección de las personas que migran. Es imprescindible que se tomen acciones urgentes para poner límites a este accionar.
Foto ilustrativa: Roberto Jesús Gil Padrino