El 11 de abril de 2025 el Ministerio de Defensa nacional anunció el comienzo de la Operación Roca que dispone que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad en zonas fronterizas, una situación que va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. La resolución ordena la intervención militar en tareas de vigilancia y control en zonas de frontera y el refuerzo y complemento del despliegue de las fuerzas de seguridad y lo hace bajo normas secretas que no son compatibles con esas tareas de control ciudadano. Por esas razones le pedimos al ministro Luis Petri que informe sobre los alcances que tienen estas intervenciones.
La decisión del gobierno de Milei póne a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad que no tienen que ver con su misión original, para las cuales no están formadas y que son propias de las policías y fuerzas de seguridad. A eso se suma la decisión de mantener en reserva las reglas de empeñamiento, las instrucciones que se les dan a las tropas y que tienen los fundamentos por los cuales se decide la intervención. En la resolución tampoco se informan las atribuciones, los límites y las regulaciones que tendrá el accionar de los militares y aspectos críticos como los criterios para el uso de la fuerza.
La seguridad interior no está alcanzada por los estándares de secretos como rige los que rigen para la actividad militar frente a hipótesis de conflictos bélicos. En las calles o en las fronteras, el objetivo del despliegue estatal en seguridad es brindar protección a los ciudadanos para prevenir delitos, no aniquilar a enemigos. Son acciones de características muy distintas y por eso es imprescindible la mayor transparencia posible.
En nuestro pedido de información al ministro Petri, además de la información contenida en las reglas de empeñamiento, le solicitamos que nos comparta con qué leyes se autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones; que nos informen si las FFAA tienen permitido portar armas de fuego en esas actividades y bajo qué reglas del uso de la fuerza se realizarían. También que nos explique de qué manera se informarán a las autoridades civiles y judiciales las detenciones que los militares hagan en la frontera y cómo se implementará la supervisión y el control de otras áreas del Estado sobre esas actuaciones. Por último le solicitamos que nos entregue el diagnóstico y las hipótesis sobre las cuáles se basa la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas tareas.
Esta decisión del gobierno sigue corriendo los límites para la intervención de las FFAA en tareas propias de las policías. En diciembre de 2024, con los decretos 1107 y 1112/24, a través de la incorporación de conceptos como “amenaza externa” y objetivos de valor estratégico” ya intentó encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad. Con ese marco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó desembarcar con militares en Rosario. En el escenario de la Argentina actual, sin ninguna amenaza que lo justifique, la decisión del Ministerio de Defensa solo tiene sentido desde un punto de vista ideológico, sostenido por sectores del gobierno que buscan profundizar la agenda de militarización de la seguridad.
La Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático que se caracteriza por la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Ese esquema se basó en las leyes de Defensa Nacional (1988), la de Seguridad Interior (1991) y de Inteligencia Nacional (2001), todas sancionadas en presidencias distintas y que conformaron el acuerdo político más importante de la democracia. Así la Argentina estableció que el rol principal de las Fuerzas Armadas era la defensa contra agresiones externas de otros estados.