Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.

  

Nuevas amenazas. Consecuencias del realineamiento geopolítico en la seguridad interior

Aun no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos. En algunos aspectos, el recambio de autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires no constituyó un punto de quiebre: las políticas de seguridad y las policías arrastran dinámicas de largo alcance, inercias institucionales y medidas que se repiten, ya observadas en la errática gestión de la seguridad ciudadana entre 2003 y 2015.

  

Un Estado presente no es un Estado violento

En los últimos meses se desplegaron fórmulas de mano dura en relación con el problema del delito y la violencia. Este documento realiza aportes para una respuesta democrática y efectiva a los problemas del delito y la violencia. Una cronología muestra los fracasos de la mano dura en el país.

  

Bariloche adhirió al Acuerdo de Seguridad Democrática

El Consejo Deliberante de la ciudad de Bariloche adhirió al Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) impulsado por el CELS junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales que tiene como objetivo de fijar lineamientos básicos para el desarrollo de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

  

Presentación del ASD en la Provincia de Buenos Aires

El CELS y la CPM, junto a legisladores, referentes sociales y expertos en seguridad, presentaron ayer en la ciudad de La Plata el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD). Más tarde, el presidente del CELS Horacio Verbitsky, su director ejecutivo Gastón Chillier y el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian presentaron el documento a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.

  

Violencia institucional y políticas de seguridad: refuerzo de las corporaciones y estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad

En este capítulo se destaca que durante todo el año la demanda pública se focalizó en la criminalidad juvenil, en la supuesta limitación legal para detener a personas que infringen la ley y en el fingido menoscabo de las facultades policiales y que eso explica buena parte de las políticas asumidas por los distintos gobiernos.

  

Violencia institucional y Seguridad Ciudadana

Los casos de Cabezas o Sebastián Bordón desencadenaron reformas policiales que pusieron sobre la mesa el riesgo que, para la convivencia democrática, significaba el desarrollo de instituciones de seguridad que entendían al derecho como un obstáculo en su accionar.