Hace 20 años se reiniciaron los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura a partir de que la Corte Suprema de la Nación declarara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. Lo hizo en el fallo conocido como “Simón”: el apellido del represor a quien llamaban “El Turco Julián”. El trabajo de las organizaciones de derechos humanos fue clave para que esa fuera la resolución, ya que impulsaron el juzgamiento por la apropiación de Claudia Victoria Poblete Hlacziky y las desapariciones de su madre, Marta Gertrudis Hlaczik, y de su padre, José Liborio Poblete Roa.
En términos institucionales, en 2003, el Poder Ejecutivo ya había impulsado la declaración de nulidad de las leyes de impunidad en el Congreso Nacional. Y, a partir del fallo Simón, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal asumieron su rol indelegable en el proceso.
El origen de todo está en la historia de Claudia. Ella nació el 25 de marzo de 1978 y cuando todavía era una bebé, fue secuestrada junto con su madre el 28 de noviembre de ese año, en su casa de la localidad de Guernica. Su padre, Pepe, fue secuestrado ese mismo día en la ciudad de Buenos Aires. Los tres fueron llevados al centro clandestino “El Olimpo”, en el barrio porteño de Floresta. Claudia permaneció allí tres días con su madre hasta que fue apropiada.
Abuelas de Plaza de Mayo recibió denuncias que señalaban que el militar retirado Ceferino Landa y su esposa Mercedes Beatriz Moreira tenían en su poder a la niña, anotada bajo otro nombre. En 1998, iniciaron un proceso judicial en representación de Buscarita Imperi Roa por la apropiación, retención y ocultamiento de su nieta Claudia Victoria Poblete. Pudieron impulsar la acción penal porque esos delitos no estaban incluidos en las leyes de impunidad, y procesaron a Julio Héctor Simón y a Juan Antonio Del Cerro. El 7 de febrero de 2000 la justicia restituyó a Claudia su verdadera identidad.
Para impulsar también el juzgamiento del delito de desaparición forzada cometido contra el padre y la madre de Claudia, el CELS se presentó en la causa y solicitó en el año 2000 que se declararan nulas las leyes de punto final y obediencia debida dictadas en 1986 y 1987 para beneficiar a centenares de miembros de las fuerzas armadas que estaban siendo juzgados en distintas Cámaras federales.
En 2001 el juzgado federal que investigaba la causa declaró la inconstitucionalidad de las leyes y procesó con prisión preventiva a Simón por crímenes contra la humanidad. Este fallo fue confirmado por el tribunal de alzada. La defensa interpuso un recurso extraordinario que, al ser denegado, dio origen al recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, del 14 de junio de 2005, fue el primero que llevó a la Corte a declarar inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida y, al mismo tiempo, la constitucionalidad de la ley N° 25.779 de 2003 que las había declarado nulas.
Las primeras investigaciones impulsadas luego de la nulidad de las leyes en 2003 fueron las sugeridas por la histórica sentencia del Juicio a las Juntas de 1985. La sentencia de 2005 destrabó el proceso de justicia y propició una mayor apertura y federalización de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Este proceso de justicia se realiza en los tribunales locales con respeto a la garantía del juez natural y con la aplicación de la legislación penal y procesal vigente para todos los delitos, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo en donde se crearon tribunales ad hoc, comisiones y leyes especiales.
Hasta el momento, desde que se derogaron las leyes de impunidad, hubo 343 juicios con sentencia y se están realizando 14 debates públicos. Más de 1.200 personas fueron condenadas, 209 fueron absueltas, 118 fueron sobreseídas y a 157 se les dictó la falta de mérito. Pero sobre todo, la reapertura del proceso de justicia significó para muchas víctimas de la represión ilegal y sus familias la posibilidad de poner en palabras sus propias historias y así aportar a la construcción colectiva de la verdad.