La política fiscal no es un asunto técnico: define quién paga la crisis y quién se beneficia del orden económico. Debe ser entendida, entonces, como un instrumento central para la igualdad y la justicia social. Por eso, este viernes 21 participamos de una audiencia temática ante la CIDH como parte de la Coalición por una política fiscal con enfoque de derechos humanos. En la reunión examinamos junto a las y los comisionados el rol de las políticas fiscales en la lucha contra la desigualdad estructural.
En la audiencia expusimos cómo, en la Argentina, la estructura tributaria históricamente regresiva se profundizó drásticamente en el último año: mientras el gobierno persigue un superávit fiscal a cualquier costo, el ajuste recae de manera desproporcionada sobre los sectores más empobrecidos. La reducción del gasto social -con recortes del 85% en políticas de género, 82% en vivienda y 75% en obras de agua potable- erosionó la capacidad estatal de garantizar derechos básicos y deterioró las condiciones de vida en barrios populares.
La suspensión de las más de 400 obras de integración socio urbana, pese a contar con financiamiento específico y un fallo judicial que ordena retomarlas, es una muestra clara del retroceso. Al mismo tiempo, el gobierno redujo impuestos a los sectores de mayores recursos y promovió medidas como la amnistía fiscal y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que profundizan las desigualdades. En Argentina, 4 de cada 10 pesos recaudados provienen de impuestos al consumo -regresivos por definición- mientras recauda por bienes personales menos del 0,3% del PBI. Se consolida, así, la expropiación de los sectores más desfavorecidos por los más privilegiados. Además, el discurso oficial reivindica la evasión fiscal como un acto de “heroísmo”, lo que atenta contra el espíritu de justicia, equidad y transparencia que debería tener el sistema tributario.
Señalamos que las políticas fiscales no pueden evaluarse de manera aislada de los procesos macroeconómicos. El endeudamiento récord con el FMI -más de 65.000 millones de dólares desde 2018- reduce los recursos disponibles para atender a quienes más lo necesitan y condiciona la capacidad estatal de revertir desigualdades históricas. En un contexto donde la pobreza alcanza al 31,6% de la población y uno de cada dos niños crece en situación de pobreza, es imprescindible que la política fiscal funcione como herramienta redistributiva, no como un mecanismo que acentúa las brechas.
La CIDH planteó que no es posible hablar de realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discutir cómo los Estados recaudan, cómo gastan y cómo gestionan su deuda. Javier Palummo, Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, subrayó que la fiscalidad debe ser democratizada: hoy casi no existe un debate público informado sobre presupuesto, impuestos y deuda en clave de derechos humanos. Señaló también que la región necesita avanzar en agendas fiscales específicas vinculadas al cambio climático, la economía del cuidado y la salud pública, con impuestos verdes y saludables que ayuden a corregir desigualdades. La comisionada Roberta Clarke, por su parte, destacó que el acceso a la tierra sigue siendo clave para combatir la pobreza. También señaló la necesidad de políticas que aseguren acceso a tecnología y reconozcan la carga desigual del cuidado que asumen las mujeres, especialmente en hogares monoparentales, cuya protección debe ser una prioridad fiscal y social para los Estados.
El comisionado Carlos Bernal Pulido propuso que la Comisión avance en directrices procesales interamericanas que obliguen a los Estados a incorporar la participación y el acceso a la información en todas las etapas del ciclo fiscal. La comisionada De Mees resaltó que para que la participación sea sustantiva se necesitan condiciones concretas: transparencia activa sobre proyecciones fiscales, datos accesibles, calendarios claros de discusión presupuestaria y mecanismos que permitan a las organizaciones comunitarias, sindicatos, movimientos de mujeres y pueblos originarios intervenir antes de que las decisiones estén cerradas. También enfatizó que la supervisión social del gasto y la recaudación es clave para evitar que la política fiscal siga operando como un ámbito hermético y tecnocrático, desconectado de los impactos que produce en la vida de las personas.
Por eso solicitamos a la CIDH que inste a los Estados a aumentar los impuestos a la riqueza y a los ingresos más altos, a restituir mecanismos de devolución del impuesto al consumo para sectores vulnerables, a fortalecer los controles para evitar la fuga y la evasión, y a que garanticen el financiamiento estable de las políticas sociales y la infraestructura en los barrios populares.
También participaron de la audiencia la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), Amnistía Internacional Argentina y México, el Centro de Estudios de Derechos Económicos y Sociales (CESR), la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas ante la OEA, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), OXFAM, OXFAM México, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
Foto: Gala Abramovich.