La ministra de Seguridad Patricia Bullrich decidió cerrar su gestión con la reivindicación de íconos de la represión policial. En el acto por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina (PFA) repuso el nombre de Ramón Falcón -reemplazado en 2011 por Juan Ángel Pirker, ligado a la gestión democrática de la seguridad- a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar a la de suboficiales. El gesto es una declaración política. Falcón y Villar son parte de una genealogía de violencia estatal que va desde las masacres obreras de comienzos del siglo XX hasta el terrorismo de Estado de los años setenta. Al recuperar sus nombres, Bullrich celebra una historia de violencia como legado y doctrina.
La reivindicación de estos personajes entra en un esquema igual de preocupante: la reforma por decreto de la carta orgánica de la Policía Federal. El decreto 383/2025, dictado sin debate público ni control legislativo, redefine las misiones de la fuerza y desplaza su objetivo de la “seguridad pública” a la “seguridad del Estado”. Con ese cambio aparentemente semántico, el gobierno modifica el pacto democrático que orienta la función de la fuerza de seguridad. Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione.
El nuevo texto abrió la puerta a la vigilancia de opositores, al ciberpatrullaje sin control judicial y a la represión de las protestas sociales. Lo que se presenta como modernización -palabra con la que reivindicó a Falcón- encubre una restauración del poder discrecional de las fuerzas de seguridad.
La elección de Falcón y Villar como emblemas completa el rompecabezas. Falcón fue muy célebre a principios del siglo pasado. Hoy es recordado por la impunidad con la que se movió como jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. Simboliza la alianza entre la represión paraestatal y el aparato policial. La reivindicación de estos personajes contrarios al estado de Derecho parece un acto desdemocratizador y da un mensaje a quienes integran las instituciones de seguridad: la autoridad política no sólo no va a limitar ni controlar la violencia ilegal sino que la impulsa y la valora.
La apelación al pasado represivo es parte de la narrativa de este gobierno. En la retórica de Bullrich, lo que llama “devolver la verdad” no es otra cosa que rehabilitar un relato antidemocrático. En su visión, las violaciones a los derechos humanos del pasado se reinterpretan como gestos de autoridad y orden. Esa restauración -donde la represión es virtud y la protesta, delito- ofrece una coartada simbólica para las políticas actuales de criminalización, vigilancia, represión. La historia se usa como fusible para un presente autoritario en donde, una vez más, quienes ocupan espacios estatales no rindan cuentas.