Durante 2014 y 2015, como nunca antes, irrumpió como un problema político el funcionamiento de los organismos de inteligencia, su amenaza a la gobernabilidad y sus vínculos con los tres poderes del Estado. Este capítulo analiza el impacto institucional de este debate. Al mismo tiempo, identifica las relaciones entre las prácticas de inteligencia, unas de las más opacas y poco estudiadas de los ámbitos de la seguridad y de la defensa, y la protección y vigencia de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, el capítulo da cuenta de la impunidad del atentado AMIA, de la relación entre los servicios de inteligencia y sectores de la justicia federal y de las prácticas de inteligencia ilegal que persisten en la actualidad.
El capítulo también analiza la reforma del sistema de inteligencia realizada en los primeros meses de 2015, los pasos que se dieron en su implementación y las primeras medidas tomadas por el actual gobierno nacional.
