Esta investigación analiza la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina.
Lo hace a partir del examen de un arco de prácticas empresariales de represión a los trabajadores en empresas situadas en distintas regiones del país. La evidencia recogida y analizada en un conjunto de casos, acotados en número pero muy significativos por su importancia económica, permite afirmar que, en el territorio de los establecimientos fabriles, se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores. Dicha articulación, plasmada en directivas del Ejército que manifestaron una común preocupación por la conflictividad entre el capital y el trabajo, formó parte de la estrategia de grandes empresas, que pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas, entre otras. Estas prácticas, tanto por sus características propias, como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran como delitos de lesa humanidad.
