El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada plantea un cambio jurídico-legal que limita aún más el acceso a la tierra y a la vivienda para grandes sectores de la sociedad: agrava la situación habitacional de quienes viven en barrios populares, empeora la situación de inseguridad jurídica de los territorios de comunidades indígenas y familias campesinas, facilita los desalojos de inmuebles destinados a la vivienda familiar y reduce la capacidad del Estado para emprender políticas de cuidado ambiental, infraestructura, o de planificación urbana.
En particular, la reforma de la Ley de Barrios Populares, la de Tierras Rurales y la modificación del Código Civil y Comercial sobre alquileres de viviendas, y del Código Procesal Civil y Comercial en los procesos de desalojos de la Ciudad de Buenos Aires, obstaculizan el ejercicio de derechos sociales básicos, contradice la obligación del Estado de alcanzar “una mejora continua de las condiciones de existencia” de todos quienes vivimos en la Argentina, y refuerza el carácter mercantil de la tierra, sin importar las condiciones de uso, ocupación o los reclamos que existan sobre aquellas.
Es que la propuesta no contempla los derechos de todas las personas que viven en barrios populares a obtener respuestas específicas para la integración socio urbana en sus barrios, e incluso, de aprobarse ese proyecto, esas familias pueden quedar expuestas a procesos de desalojo. Además, al modificar la Ley de Tierras Rurales y permitir su venta sin ningún tipo de condiciones, pone en riesgo derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Sobre ellos, la legislación aún no dio respuesta sobre las medidas específicas que el Estado tomará para el reconocimiento formal de los territorios que ocupan o en los que producen. Para el espacio urbano la reforma introduce plazos exiguos para la rescisión de los alquileres y/o desalojo de viviendas para los supuestos más acuciantes en el contexto de crisis económica: el de la demora en el pago del alquiler.
Elaboramos este documento para acercar argumentos técnico legales que aporten herramientas para analizar el proyecto de ley.
