Con la reforma penal que propone la ley ómnibus, muchos casos de violencia institucional seguirían impunes

Las medidas que impulsa el gobierno buscan impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego y que la versión policial quede establecida como la única verdad, sin posibilidad de refutarla en un juicio. Si la ley hubiera estado vigente, masacres como las de Monte y de Budge o el asesinato de Lucas González no hubieran obtenido justicia.

  

Casación Bonaerense debe decidir sobre una causa armada por la Policía

Es el caso de Sebastián Ariel Rodríguez, un hombre en situación de calle a quien condenaron a 50 años de cárcel por el copamiento a una comisaría en el que una policía fue gravemente herida. El sospechoso de haberlo hecho era un homónimo a Rodríguez. Tras la detención del hombre equivocado, se construyeron pruebas para incriminarlo y se rechazaron todas las líneas de investigación que pudieran corroborar su versión de inocencia.