Un nuevo orden desigual: concentración del poder, desmantelamiento estatal y desprotección social
La transformación del Estado que promueve el gobierno argentino no es solo una “modernización” administrativa. Es un proyecto político de mayor concentración de poder y desigualdad, que pretende un cambio de régimen mediante procedimientos inconstitucionales.
Acceso negado: derecho a saber, derecho a decidir
Un juzgado condenó al Municipio de San Miguel por ocultar durante más de tres años información pública sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El caso fue impulsado por ELA, Amnistía Internacional y el CELS.
Reforma de la Policía Federal sin el Congreso: más facultades sin orden judicial
Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.
Litigios contra la reforma del Estado impulsada por la gestión libertaria
Recopilamos por temáticas, causas o ámbitos las diversas acciones nacionales e internacionales que llevamos adelante como respuesta y búsqueda de contrarrestar las medidas del gobierno de Milei que recortan derechos para las mayorías y amplían poderes para sectores privilegiados.
Reforma migratoria por decreto: menos derechos para los muchos, más derechos para unos pocos
Decenas de organizaciones del colectivo migrante firmamos nuestra posición sobre el DNU 366/2025 que restringe derechos que la Constitución Nacional argentina reconoce a todos las personas que habitan nuestro país con datos falsos, prejuicios y desconocimiento.
Plan de inteligencia: se amplía el secreto y el espionaje a periodistas y opositores
Luego de una reforma que le dio más opacidad a las actividades de la SIDE, el gobierno pone en marcha un plan que apunta a la recolección de información sobre las personas que sean críticas con sus políticas. Eso está prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia. Es necesario un control del Congreso y del Poder Judicial.
El gobierno restringe por decreto los derechos de las personas migrantes
Con los cambios en la ley será más difícil obtener la ciudadanía, acceder a la salud y a la educación superior, entre otros derechos protegidos por la Constitución.
La maternidad es un deseo: qué hacer para que se garantice en tiempos de motosierra
El acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo son derechos amparados por ley en nuestro país. Desde 2024 el Estado nacional recortó o directamente no compró los medicamentos y tratamientos para que las mujeres puedan tenerlos garantizados. Accionamos ante el Poder Judicial y ofrecemos un canal para consultas legales.
Obras en los barrios: un juzgado federal intima al Ministerio de Economía y dispone una multa
Desde hace seis meses el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de una orden judicial. El juzgado de Pehuajó lo intimó a presentar un plan para continuar con las obras de acceso a servicios en barrios populares. Luego de dos intimaciones al ministro Caputo, el juez Heim multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana. La decisión de interrumpir las obras afecta a 334.000 familias.
Informe CIDH 2024: un diagnóstico sobre derechos humanos en Argentina
Deterioro del derecho a la protesta y de la libertad de expresión, retroceso en las políticas de memoria, pérdida de herramientas de protección para los derechos de las personas lgtbiq, ajuste sobre jubiladxs y aumento de la pobreza infantil, son algunos de los ejes sobre los que alertó la Comisión sobre nuestro país en su revisión anual. Reseñamos los principales puntos.
Operación Roca: las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y facultades bajo secreto
Ante el anuncio del Ministerio de Defensa, con la autorización a las fuerzas militares para realizar detenciones en zona fronterizas, le pedimos al ministro Petri que entregue toda la información vinculada con esas intervenciones. La injerencia de militares en esos roles va en contra de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
Causa comedores: la Cámara Federal confirmó el incumplimiento del gobierno
La sentencia ratifica que Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los espacios comunitarios y debe impulsar acciones concretas en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. El Juzgado Contencioso Administrativo 7 además intimó al Ministerio a incorporar ocho comedores más de la Federación Cooperativa de Reciclado Limitada.
¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
ONU: denunciamos las restricciones al espacio cívico y la inconstitucionalidad de la deuda con el FMI
Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
Pedimos que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones de Lijo y García-Mansilla
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
Audiencia CIDH: el Estado no dio respuestas a los problemas de refugio y asilo
CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, planteamos que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.
El Estado argentino deberá responder ante la CIDH sobre los derechos de las personas refugiadas
Será el lunes 3 de marzo en una audiencia pedida junto a CAREF y SMJ en la que se informará a la Comisión sobre los impactos negativos que tuvieron las medidas tomadas por el gobierno que afectan a las políticas de asilo.
Protocolo anti protesta: decenas de organizaciones pedimos su inconstitucionalidad
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
Bonaparte: reclamamos por la falta de condiciones mínimas para que el hospital funcione
El poder judicial habilitó la feria para analizar el pedido del CELS sobre la crítica situación en la quedaron los servicios del hospital luego de los despidos de 200 profesionales. El gobierno nacional argumentó “sobredotación” para intervenir la institución luego de las movilizaciones contra el vaciamiento.
Defensoría de niñas, niños y adolescentes: presentamos un amparo para exigir que no quede acéfala
La acción la hicimos contra el Congreso como parte de una medida impulsada por el Colectivo Infancia en Deuda, ACIJ, ELA, FEIM, la Fundación Sur Argentina y Poder Ciudadano. El 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora. La falta de nombramientos implicaría que el área pierda su capacidad de acción judicial y de intervención.
Batalla cultural en la cancillería libertaria informe sobre cómo se destruye al estado
Autor/a: CELS y Revista Crisis
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Un año en alerta
Columna publicada en la edición de diciembre de Posdata, el boletín del CELS.
Informe especial: Milei. 1 año
Autor/a: CELS
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El gobierno de Milei derogó la ley de emergencia territorial indígena
La norma suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus territorios. Era una herramienta para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
La justicia ordena al gobierno reactivar las políticas de integración socio urbana
El juzgado federal de Pehuajó exigió al Estado nacional que asegure la continuidad de las obras financiadas por el FISU en barrios populares. Fue a partir de una acción de amparo colectiva y una medida cautelar que presentamos junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país.
La Argentina deberá responder ante la CIDH sobre la vigencia de los derechos humanos
Este jueves 14 de noviembre en tres audiencias, distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales expondrán sobre los retrocesos en políticas públicas. Memoria, verdad y justicia, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, y políticas sociales y alimentarias son los principales ejes de los reclamos.
La vigilancia avanza
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU que reformó el sistema de inteligencia
Presentamos una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. El decreto de necesidad y urgencia 614/2024 habilita al Estado a hacer vigilancia masiva, pone en riesgo el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión. También viola la división de poderes.
Causa comedores: el gobierno debe garantizar el acceso a los alimentos
El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Vaciamiento de derechos de los pueblos y naciones indígenas
El Gobierno pretende derogar la ley que pone freno a los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios ancestrales. Además, profundiza discursos y políticas estigmatizantes, discriminatorias y racistas. Junto con otras organizaciones, denunciamos la situación de emergencia.
Poner al límite lo más básico
Columna publicada en la edición de octubre de Posdata, el boletín mensual del CELS.
FISU: barrios populares reclaman su derecho a la integración socio-urbana
Acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre de 2023. Denunciamos el desfinanciamiento de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, hábitat e infraestructura.
Denunciamos ante la ONU la crisis alimentaria y la restricción al derecho a la protesta en la Argentina
Alertamos sobre la falta de acceso a alimentos de los sectores más vulnerables. En la presentación, que hicimos junto al CETIM, también señalamos las graves restricciones al espacio cívico y la criminalización de las personas que se manifiestan.
Organizaciones de todo el mundo reclamamos por el derecho de acceso a la información pública en Argentina
Más de 70 organizaciones de la sociedad civil a nivel global expresamos nuestra preocupación por la aprobación del decreto 780/2024 en Argentina, que limita gravemente el derecho de acceso a la información pública.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
Denunciamos ante Naciones Unidas el ataque a las políticas de memoria
Organizaciones de derechos humanos mantuvimos una reunión con el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas en la que alertamos sobre los discursos oficiales y las medidas del gobierno contra las políticas de memoria, verdad y justicia.
Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Pedimos que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy
Organizaciones civiles y comunidades indígenas presentamos una acción judicial ante el Tribunal Superior de la provincia. De acuerdo con la demanda, el decreto 7751/2023 viola derechos humanos y normas ambientales establecidos en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en la provincial.
Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública
Más de sesenta organizaciones pedimos que se deje sin efecto el decreto 780/24 que restringe la aplicación de la ley 27.275 y vuelve al Estado más opaco. La decisión del Gobierno es antidemocrática y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Pedimos a Bullrich que explique de qué manera realizará vigilancia masiva a la ciudadanía
Hicimos un pedido de información a la ministra de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento de su nueva Unidad, que realizará ciberpatrullaje y aplicación de inteligencia artificial en redes sociales y sitios de internet. La presentación la firmamos junto a Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
Dengue: son necesarias medidas urgentes para prevenir un nuevo brote
La Organización Panamericana de la Salud alertó por el aumento de casos y señaló que los países afectados deben intensificar los esfuerzos para que no se repita la crisis del año pasado. Es imprescindible que el Estado nacional y las jurisdicciones fortalezcan las políticas destinadas a la prevención y control.
Sin consulta ni salvaguardas ambientales: el nuevo marco regulatorio para las grandes inversiones mineras en la Argentina
Columna publicada en “Litio y derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile”, un espacio trimestral informativo y de análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Chile, el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) de Bolivia y el CELS.
Activar la memoria
Columna publicada en la edición de agosto de Posdata, el boletín mensual del CELS.
Reforma de la Ley de Seguridad Interior: el blanco no es el terrorismo, sino los consensos de la democracia
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en asuntos de seguridad interior. Se trata de una iniciativa peligrosa que apunta a romper un acuerdo político y social construido desde la recuperación democrática.
Corte Suprema: rechazamos ante el Senado las candidaturas de Lijo y García-Mansilla
Presentamos ante la Comisión de Acuerdos observaciones y preguntas para que le realicen a los candidatos en las audiencias del 21 y 28 de agosto. Cuestionamos que el máximo tribunal esté integrado sólo por varones como así también el perfil y la idoneidad de las personas postuladas por el Ejecutivo.
Reforma de Inteligencia: una vuelta al pasado que agrava los problemas del presente
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresamos nuestra preocupación por el DNU que reinstala la SIDE y solicitamos que se abra el debate parlamentario y se conforme la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Medida cautelar: el gobierno deberá continuar los programas de entrega de alimentos a los comedores comunitarios
La justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los espacios comunitarios porque está en riesgo el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales. Lo hizo en el marco de una acción colectiva iniciada por la UTEP y el CELS, a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
Pedimos al Senado que garantice una composición de la Corte Suprema que incluya mujeres
La propuesta de dos varones para integrar el máximo tribunal es inconstitucional, discriminatoria e implica un fuerte retroceso. Doce organizaciones solicitamos al Senado que no dé inicio a la audiencia de discusión de los pliegos.
El Gobierno reafirmó ante la CIDH su política de criminalización de la protesta y defendió la represión
En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.
El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante la CIDH por la represión de la protesta
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
