Del RIGI al Súper RIGI: profundización de las excepciones a favor de las grandes corporaciones

Tras casi dos años de monitoreo, desde el Observatorio del RIGI analizamos los problemas que se agravarían con el proyecto que ya tiene media sanción y espera su turno en el Senado. Falta de transparencia, acceso a la información y participación, concentración del impacto territorial y ambiental y aceleración de los conflictos. Más que normas económicas, son transformaciones estructurales que afectan los derechos humanos.

  

Designaciones judiciales: menos participación, menos diversidad

La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional. Comunicado conjunto.

  

SIDE: el gobierno pone al Estado al servicio del espionaje interno

Con el DNU 941/25 se debilitan aún más los controles sobre el sistema de inteligencia. La ampliación máxima del secreto, la posibilidad de que los agentes de inteligencia detengan personas, la autonomía militar y el acopio masivo de nuestros datos personales son algunos de los puntos más preocupantes. El decreto es inconstitucional y debe ser rechazado por el Congreso.

  

Hacia un sistema de inteligencia democrático

Ante el funcionamiento ilegal e ineficaz del sistema de inteligencia argentino, especialistas, referentes políticos y sociales, y legisladores nacionales se reunieron para construir un diagnóstico, discutir posibles estrategias y promover una agenda propositiva.

  

Fuerzas federales: reformas que ponen derechos en riesgo

Los decretos que modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario habilitan, sin controles claros, las tareas de ciberpatrullaje. El gobierno los dictó, al igual que la reforma de la Policía Federal, amparado por la Ley Bases, a pesar de no tener facultades para hacer reformas en seguridad.

  

Obras en los barrios: un juzgado federal intima al Ministerio de Economía y dispone una multa

Desde hace seis meses el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de una orden judicial. El juzgado de Pehuajó lo intimó a presentar un plan para continuar con las obras de acceso a servicios en barrios populares. Luego de dos intimaciones al ministro Caputo, el juez Heim multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana. La decisión de interrumpir las obras afecta a 334.000 familias.

  

Informe CIDH 2024: un diagnóstico sobre derechos humanos en Argentina

Deterioro del derecho a la protesta y de la libertad de expresión, retroceso en las políticas de memoria, pérdida de herramientas de protección para los derechos de las personas lgtbiq, ajuste sobre jubiladxs y aumento de la pobreza infantil, son algunos de los ejes sobre los que alertó la Comisión sobre nuestro país en su revisión anual. Reseñamos los principales puntos.

  

Causa comedores: la Cámara Federal confirmó el incumplimiento del gobierno

La sentencia ratifica que Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los espacios comunitarios y debe impulsar acciones concretas en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. El Juzgado Contencioso Administrativo 7 además intimó al Ministerio a incorporar ocho comedores más de la Federación Cooperativa de Reciclado Limitada.

  

Audiencia CIDH: el Estado no dio respuestas a los problemas de refugio y asilo

CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, planteamos que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.