Ayer la policía de la Provincia de Buenos Aires ingresó en la casa de Adriana Funaro con una orden de allanamiento por “cultivo y posesión de estupefacientes”. Adriana es miembro de la Agrupación de Canabicultores de Zona Sur y produce aceites a partir de las plantas de marihuana para tratar la artrosis que ella misma sufre, y para regalar a otros pacientes que utilizan esta sustancia con fines terapéuticos y paliativos.
La intervención policial fue impulsada por la denuncia de un vecino que, presente en el lugar, disparó un arma de fuego que portaba frente la mirada de familiares y amigos que se encontraban frente a la casa de Adriana. Los agentes de la Bonaerense no intervinieron ante este hecho ya que “no escucharon el disparo”. Adriana fue detenida por poseer en su casa 36 plantas y semillas de marihuana, y goteros con aceite medicinal de cannabis que fueron secuestradas por la policía.
El marco legal de nuestro país posibilita el desarrollo de investigaciones para explorar las potencialidades del uso del cannabis como medicamento, pero imposibilita su utilización y criminaliza a sus usuarios.
En la actualidad cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que regula la utilización del cannabis con fines medicinales. Pero es importante destacar que esta iniciativa no contempla el cultivo individual, solidario o colectivo. Ello implica que casos como el de Adriana, así como el de Eric Julián Sepúlveda Pascottini y Alejandro Nicolás Tverdovsky, presos en la provincia de Córdoba el pasado mes de octubre por producir aceites de cannabis para uso medicinal, seguirán ocurriendo.
Una vez más, observamos cómo el modelo imperante de políticas prohibicionistas concentra sus esfuerzos en criminalizar a usuarios. En este, como en tantos otros casos la intervención estatal priva de la libertad a quienes recurren al autocultivo, como instrumento para evitar el vínculo con el comercio ilegal de drogas.