El 30 de marzo de 2006 seis personas de nacionalidad boliviana, entre ellas cinco menores de edad, fallecieron en un incendio en un taller de confección de indumentaria ubicado en la calle Luis Viale, en la ciudad de Buenos Aires. Juana Vilca (de 25 años y embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15 años), Elías Carbajal Quispe (10 años), Luis Quispe (4 años), Rodrigo Quispe Carvajal (4 años ) y Harry Rodríguez (3 años) perdieron la vida ese jueves.
El taller estaba habilitado para que trabajaran allí cinco personas. Sin embargo, trabajaban y vivían casi setenta. La jornada de trabajo duraba catorce horas de lunes a viernes y alrededor de seis horas los sábados. El salario era menos de un tercio de lo que ganaba un trabajador formal en la misma actividad.
En junio de 2016, diez años después, luego de la lucha de las familias y de la comunidad boliviana, el Tribunal Oral Criminal N°5 de la Capital Federal condenó a los dos capataces del taller a 13 años de prisión por el delito de “reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte”. En la sentencia el tribunal dio cuenta de las condiciones de explotación violenta en las que se encontraban las personas que vivían y trabajaban en el taller. El tribunal también ordenó devolver la causa al juzgado de instrucción para que continuara con la investigación de la responsabilidad de Daniel Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller y de las máquinas y de la complicidad de la Policía Federal, que recibía coimas. El 15 de junio pasado, los dueños de las marcas fueron citados a declaración indagatoria.
El caso de la industria textil y de la confección condensa muchas de las problemáticas asociadas a la expansión de la tercerización, como la reestructuración de la industria a nivel global, la transnacionalización de los capitales y su búsqueda de condiciones laborales más favorables flexibles, la migración vinculada a la búsqueda de empleo y la estrecha relación entre tercerización y precarización de la fuerza de trabajo.
La industria textil en la Argentina
En el sector de la indumentaria en la Argentina las empresas tercerizan casi la totalidad de su producción de prendas en talleres de escala reducida, en los que predomina el trabajo informal y femenino. Hacia 2009 se estimaba que existían unos 10.000 pequeños talleres textiles en la Argentina, la mitad de estos en la Ciudad de Buenos Aires.
En general, en estos talleres las condiciones laborales están muy por debajo de los estándares legales: las personas están hacinadas, en condiciones inseguras, no existe un contrato de trabajo, el empleador no respeta los acuerdos salariales, las jornadas laborales llegan a extenderse por 16 horas, las personas viven en el talles. Normalmente, el acuerdo inicial salarial es una cantidad de producción terminada, sujeta a las arbitrariedades del empleador y por debajo del salario mínimo.
De acuerdo con los datos recabados por la Organización Internacional de Migraciones, en la Argentina la industria textil es la rama de actividad donde se registra la mayor proporción de personas migrantes, en relación con la población local. Las y los migrantes están más expuestos al abuso y explotación laboral en los talleres textiles. Por ejemplo, en la industria textil se ha extendido una modalidad de explotación laboral caracterizada como “servidumbre por deudas”: la deuda inicial consiste en los gastos de traslado del/a trabajador/a desde su país de origen y como la vivienda y la comida son provistas por el empleador se va incrementando sin parar. Esta “deuda” se paga con más tiempo de trabajo en condiciones de explotación. Muchas veces esta situación va acompañada por la retención de los documentos de identidad, el pago retrasado del sueldo y la amenaza de denunciar a las y los migrantes a la autoridad migratoria.
La explotación laboral en talleres textiles en la Argentina es una realidad preocupante que, tristemente, no solo se ha cobrado la vida de las víctimas del taller de la calle Viale. El 27 de abril 2015, los hermanos Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, de 10 y 5 años, murieron en un incendio en un taller textil de la calle Páez 2796, también en la ciudad de Buenos Aires.
Esta situación demanda una respuesta acorde a las circunstancias tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial. Mecanismos de fiscalización eficaces, investigaciones judiciales diligentes y procesos laborales que atiendan al contexto de deslocalización de la producción, son fundamentales para proteger los derechos de todas las personas. La sentencia del TOC 5 que ordenó investigar la responsabilidad penal de los dueños de las marcas es una señal positiva en este sentido, que deja en el pasado decisiones judiciales vergonzantes, como aquella que justificó la explotación laboral en base a consideraciones falaces sobre las formas tradicionales de vida en Bolivia.
Foto: Fiscales