Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania presentamos una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra Bayer AG responsabilizándola por los graves impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica. La presentación de la queja se realizó mientras la empresa realiza su asamblea de accionistas.
La queja ante la OCDE documenta cuatro casos concretos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde Bayer AG comercializa sus productos ampliamente. Como parte de la denuncia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR demandan a Bayer AG que realice cambios sostenibles en sus prácticas empresariales con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.
A partir de la evidencia de una investigación amplia y de numerosas entrevistas con comunidades afectadas, comprobamos que la empresa promueve en Sudamérica un modelo de agricultura que provoca inseguridad alimentaria, escasez de agua, deforestación extrema, pérdida de biodiversidad, graves consecuencias para la salud y conflictos por la tierra con comunidades indígenas y campesinas.
“La empresa no ha respondido adecuadamente a los graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente directamente relacionados con su modelo de negocio en la región. Tampoco se han supervisado los impactos del uso de semillas genéticamente modificadas y pesticidas, ni se han tomado medidas adecuadas para prevenirlos y mitigarlos”, afirma Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición mundial de Misereor.
En promedio, más del 50% de la tierra cultivable de estos países se destina a la soja genéticamente modificada. Bayer asegura ser el líder latinoamericano en la comercialización de semillas de soja resistentes al glifosato y de los pesticidas basados en esta sustancia.
Respecto a la queja, Abel Areco, Director de BASE-IS, dice: “Mostramos que, a causa del avance del cultivo de soja, en nuestra región la gente sufre intoxicaciones y enfermedades graves; hay fuentes de agua locales tan contaminadas que no se pueden consumir más; las comunidades indígenas y campesinas son despojadas de sus territorios, afectando sus formas de vida y de alimentación; miles de hectáreas de bosque desaparecen, amenazando a los animales y plantas locales”.
“Las Directrices de la OCDE son claras en establecer deberes de debida diligencia para la cadena de valor descendente, sobre todo en los casos en que se puede prever el mal uso de un producto. Aunque la ley alemana de la cadena de suministro en su versión actual no incluya esta parte de la cadena de valor, Bayer debe cumplir con las Directrices de la OCDE. Pedimos que para la soja transgénica y pesticidas a base de glifosato, Bayer desarrolle políticas de debida diligencia basadas en el riesgo y que consideren el contexto en Latinoamérica para contribuir a una solución a largo plazo”, dice Silvia Rojas Castro, Asesora Legal del ECCHR.
La OCDE dispone ahora de tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre las partes afectadas y la empresa. Las organizaciones esperamos que Bayer responda a la denuncia y participe activamente en la resolución de los problemas.
CUATRO PAÍSES, CUATRO CASOS
Argentina: afectación a la salud en el polo sojero de Pergamino
Sabrina y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011 empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencias de las fumigaciones. De los resultados de los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina. Por prescripción médica tuvieron que mudarse.
El caso de Sabrina está judicializado. En septiembre de 2019, se dispuso una medida cautelar que estableció la prohibición de pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de Pergamino y a una distancia de 3.000 metros tratándose de fumigaciones aéreas. Ese mismo año, fueron procesados tres productores rurales por considerarlos a «prima facie» coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y a dos funcionarios municipales, dependientes de la Secretaría de Producción y la Secretaría General, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada.
En el transcurso de la investigación se ordenaron allanamientos en los campos en los que se realizaban las fumigaciones y se encontraron productos -agroquímicos para fumigar- de la marca comercial perteneciente a Monsanto S.A., hoy Bayer.
Paraguay: el agronegocio avanza sobre las tierras de campesinas.
La Colonia Yeruti Ñu (“Colonia Yeruti), ubicada hacia el este de Paraguay, en el distrito de Curuguaty, a unos 212 km de la capital del país, Asunción, es un asentamiento rural creado por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) con una extensión total de 2.212 hectáreas, divididas en 223 lotes agrícolas asignados a beneficiarios de la reforma agraria, principalmente pequeños productores campesinos, para la producción de rubros de autoconsumo y el arraigo.
En la actualidad, los cultivos mecanizados se han incrementado de forma exponencial en sus alrededores y ha avanzado en un 60% sobre el área de la colonia, a expensas de las familias campesinas que habitan en el lugar, quienes quedan condenadas a vivir en unas pocas hectáreas de tierra y rodeadas por grandes extensiones de producción de soja, donde se realizan constantes fumigaciones con pesticidas. En el 2011, varias personas fueron internadas con signos de intoxicación con agrotóxicos. Una de las personas falleció y el caso fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un dictamen favorable a las víctimas del caso.
La Colonia Yvype se encuentra en la región noreste de Paraguay, en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, a unos 245 km de la capital, Asunción. Esta colonia agrícola fue establecida por el IBR. Oficialmente, la colonia abarca una superficie total de 3.889 hectáreas, divididas en 190 lotes agrícolas de 20 hectáreas cada uno. Estos lotes fueron asignados inicialmente a agricultores campesinos como parte de la reforma agraria, a fin de desarrollar la Agricultura Familiar Campesina. En la actualidad, la colonia está rodeada y penetrada por el monocultivo de soja impulsados por grandes y medianos productores que se dedican al agronegocio, expulsando de forma forzosa a los pobladores del lugar y las familias campesinas que resisten al avance de los cultivos mecanizados, son desalojados y criminalizados.
En ambas comunidades rurales individualizadas, las escuelas fueron clausuradas por el Ministerio de Educación y Ciencia, por la insuficiencia de alumnos, situación dada por la expulsión de las familias campesinas para ceder lugar a los rubros de commodities. La clausura de estos centros educativos, genera enormes dificultades para las familias que tienen niños en edad escolar y aún viven en las colonias.
Brasil: contaminación de los pueblo indígenas Avá-Guarani.
En Brasil, Bayer lidera el mercado de semillas genéticamente modificadas y pesticidas. En un escenario donde el 95% de la soja cultivada en Brasil es genéticamente modificada, las semillas Intacta fueron utilizadas en el 80% de las plantaciones. En conjunto, Bayer-Monsanto representa 9 de las 18 variedades de semillas genéticamente modificadas autorizadas para el cultivo comercial, según la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad – CTNBio (2022). De 2010 a 2021, el uso de pesticidas en Brasil se duplicó. Se venden al menos 50 pesticidas prohibidos en la Unión Europea. El glifosato es el ingrediente activo más vendido. Sólo en 2022 se vendieron 230.519 toneladas de glifosato en el país y 31.270 toneladas en Paraná.
Paraná es el segundo estado productor de soja de Brasil. En los municipios de Guairá y Terra Roxa, el uso de plaguicidas es predominante: 509 de los 661 establecimientos agrícolas de Guaíra y 921 de los 1.209 establecimientos agrícolas de Terra Roxa reportaron uso de plaguicidas. En estos dos municipios, donde se siembra predominantemente soja y maíz, se ubican tres aldeas indígenas, aldeas avá-guaraníes. La relación entre los pueblos indígenas y los agricultores es tensa.
El uso intensivo de pesticidas ha contaminado ríos, alimentos, animales y pueblos indígenas. Incluso, los pesticidas son utilizados como arma química para confinar a los indígenas en una franja de tierra cada vez más pequeña. Dependientes de ríos y manantiales para acceder al agua, las aldeas reportan enfermedades frecuentes, como vómitos, dolores de cabeza, abortos espontáneos, dificultad para respirar, entre otras, especialmente entre los ancianos y los niños. También reportan la desaparición de especies silvestres de aves, abejas, mariposas, animales cazadores y disminución del número de peces en los ríos y pérdida de capacidad de producción de alimentos por aguas y ríos contaminados, generando impactos en la soberanía alimentaria de estos pueblos. Hay áreas fumigadas con pesticidas al lado de casas o caminos de indígenas. En pruebas de laboratorio se verificó la presencia de glifosato y su principal metabolito, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), en fuentes de agua de las aldeas (Y’Hovy, Pohã Renda y Ocoy).
Bolivia: Bayer/Monsanto es responsable de la deforestación para el cultivo de soja transgénica.
En Bolivia, el cultivo de la soja genéticamente modificada ocupa el 50% de las tierras cultivadas de Santa Cruz, el departamento que concentra 7 de cada 10 hectáreas de tierras agrícolas del país. En la última década (2011-2022), se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja, lo que evidencia que el modelo se sostiene gracias a la incorporación permanente de nuevas de tierras a costa de los bosques tropicales y primarios.
En esta transformación, Bayer/Monsanto participó decisivamente no sólo en la expansión territorial del modelo sojero, sino en la apertura legal del uso de la semilla de soja RR1. Desde finales de 1990, Monsanto ejerció presión sobre el gobierno central para que en 2005 se aprobara una medida definitiva (Decreto Supremo Nº 28225) a favor de esta empresa agroquímica. Actualmente, Bayer/Monsanto sigue siendo el mayor importador y comercializador del herbicida Roundup Ready. Durante 2011 -2022, suministró en promedio el 17% del glifosato (25 millones de kilogramos), y una parte se utiliza en las áreas de deforestación reciente.
Foto: tomada en el registro de casos en Colonia Yvyp, Paraguay.