Hoy a la mañana la Policía Bonaerense, apoyada por Gendarmería, ingresó a la planta de la empresa PepsiCo en la que permanecían trabajadores despedidos que reclaman ser reincorporados. Los trabajadores fueron golpeados, gaseados y heridos. Varios de ellos fueron detenidos.
Ninguna autoridad política ni judicial estuvo presente en el desalojo. Ningún funcionario policial se identificó como responsable del operativo para informar sobre heridos o detenidos. Librados a su decisión, los policías golpearon a diputados, abogados y trabajadores de prensa. La violencia del operativo terminó repercutiendo también sobre los propios policías, varios de los cuales terminaron heridos.
Este tratamiento a legisladores y a la prensa es especialmente preocupante ya que limita el rol que pueden cumplir para garantizar la integridad física de los trabajadores y para controlar la actuación policial, ante la inexistencia de mecanismos de control institucionales en el lugar.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó a una policía sin control como única interlocutora con los trabajadores. Esta decisión expresa que el Estado abandonó su rol de mediador entre empresas y trabajadores para tomar parte decididamente en el conflicto: ni el Ministerio de Trabajo ni la jueza Andrea Rodríguez Mentasti, del Departamento Judicial de San Isidro, mostraron interés en construir una salida negociada al conflicto que preservara las fuentes de trabajo.
La escalada represiva de los últimos meses, que incluye también la criminalización de las y los manifestantes, comenzó con la excusa del orden en las calles, continuó poniendo en duda la legitimidad del derecho a huelga de los docentes y ahora se presenta bajo la forma de un Estado que ya no promueve el diálogo y la búsqueda de acuerdos sino que se reduce a su cara policial.
Foto: La Izquierda Diario