A partir del desalojo en la Villa 31: los conflictos se resuelven con más participación

En el Barrio Carlos Mugica, el sábado 24 de febrero dos familias fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas.

  

Rafael Nahuel: pedido de informes al Ministerio de Seguridad

Rafael Nahuel murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego realizado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Pedimos al Ministerio de Seguridad que informe los motivos por los cuales involucró a este grupo, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social. También solicitamos información sobre la investigación del operativo que se llevará adelante.

  

Semana del hábitat en la Argentina

La desigualdad y la exclusión, la falta de acceso a la tierra y a la vivienda son el resultado de políticas públicas. El déficit habitacional argentino tiene características que pueden abordarse desde un paradigma de derechos humanos.

  

PepsiCo: el Estado reducido a su cara policial

Hoy a la mañana la Policía Bonaerense, apoyada por Gendarmería, ingresó a la planta de la empresa PepsiCo en la que permanecían trabajadores despedidos que reclaman ser reincorporados. Trabajadores, legisladores y trabajadores de prensa fueron golpeados, gaseados y heridos. Varias personas fueron detenidas.

  

Tucumán: los derechos indígenas en peligro

Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas manifiestan preocupación por las sanciones impuestas por el Poder Judicial de Tucumán a la abogada que lleva la causa por el asesinato de Javier Chocobar y por la orden de desalojo de la comunidad Tolombón.

  

Neuquén: violencia policial como respuesta al déficit habitacional

En la capital de la provincia de Neuquén la policía de la provincia llevó adelante un operativo de desalojo violento en el que más de diez personas fueron heridas por el uso de balas de goma. Las familias ocupaban un terreno en reclamo de su derecho a la tierra y la vivienda y había un proceso de conciliación convocado por la Defensoría del Pueblo.

  

Chaco: comunicado por la muerte de Ángel Verón

Ángel Verón, el militante social del MTD No al desalojo, murió luego de que permaneciera internado por una feroz golpiza por parte de la policía que intervino en la represión de la protesta que desarrollaban en intercepción de ruta 11 km 997 en reclamo de trabajo y viviendas, el pasado 24 de septiembre.

  

Cuatro años de la toma del Parque Indoamericano: impunidad por los asesinatos y falta de respuesta a los problemas de vivienda

En diciembre de 2010, un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Metropolitana (PM), reprimió con extrema violencia la toma del Parque Indoamericano, llevado adelante por un conjunto de familias, y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas.

  

Indoamericano: Tres años sin respuestas

El déficit habitacional que originó la ocupación permanece irresuelto, los referentes sociales están siendo juzgados por usurpación y las causas en las que se investiga la responsabilidad policial en el desalojo en el que murieron Rossemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez, tiene escasos avances.

  

Condena al asesinato de un miembro del MoCaSE

El CELS manifiesta que el asesinato de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC), demuestra la urgente necesidad de detener los desalojos de campesinos y legislar en consecuencia.

  

Indoamericano: un año de soledad

Análisis de un hecho complejo que atraviesa la agenda de derechos humanos: déficit de vivienda, violencia policial, criminalización de referentes sociales, las respuestas judiciales, la situación de los inmigrantes, entre otras áreas críticas.

  

Demoliciones forzosas, imágenes de la guerra contra el delito

El día 12 de marzo de 2001, el CELS denunció al Estado argentino ante la CIDH por la violación de los derechos a la vivienda, a la propiedad, al acceso a un recurso judicial efectivo sustanciado conforme a las reglas del debido proceso legal, a la vida privada y familiar, y a la información a los habitantes “Fuerte Apache” en la Provincia de Buenos Aires, quienes sufrieron el desalojo y la demolición de sus viviendas.