“Violencia institucional” es una categoría ampliamente utilizada en la Argentina, promovida por la articulación entre grupos del movimiento de derechos humanos, del movimiento de víctimas de hechos de violencia policial y de investigadores, que en los últimos años ha revelado una productividad política que excede a las problemáticas para las cuales se la utiliza desde los años ochenta y noventa, y es puesta en juego por parte de una diversidad de actores y de organismos especializados dentro y fuera del Estado.
En sus primeros contextos y su sentido más estringido, la categoría refiere y agrupa problemáticas de la violencia policial y penitenciaria. Con los años su uso ha desbordado al conjunto de los familiares, organismos de derechos humanos, investigadores y periodistas preocupados por estos temas e ingresó en la agenda de movimientos sociales, partidos políticos y observatorios universitarios. La extensión también se da en su contenido referencial y actualmente la categoría es utilizada para abarcar una diversidad de problemáticas cuyos responsables no necesariamente son “los uniformados”. Estas extensiones suponen transformaciones en los usos de la categoría.
