Operativo “Tormenta Negra”: suspensión de derechos en los barrios populares
Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.
Qué cambió a 35 años de la muerte de Walter Bulacio
La historia de Walter se convirtió en un emblema de la lucha contra los abusos policiales a tal punto que el Estado, en 2003, reconoció su responsabilidad internacional ante la Corte IDH.
Condenan a manifestantes solo con el relato policial como prueba
Son cuatro de las 14 personas detenidas durante el festival para protestar contra la Ley Bases en febrero de 2024. Ante la falta de evidencia, la sentencia le otorgó centralidad al relato de los policías que los apresaron. Fue la primera condena por la aplicación del protocolo anti protesta.
Acá dejamos huella: cartografía de la memoria
Realizamos un mapeo que recupera experiencias de organización y lucha que se desplegaron durante los últimos 50 años en todo el territorio argentino. Una señalización que hace memoria sobre momentos y acciones que desde 1976 construyeron resistencia, democracia y derechos, desde una librería o un recital hasta un escrache o una marcha contra la violencia policial.
Venezuela necesita garantías de reparación, participación y autodeterminación
Pronunciamiento de Surgentes, CELS, Dejusticia, Artigo 19 y WOLA en el Diálogo interactivo con la Misión internacional independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela en Naciones Unidas.
Incendios forestales en la Patagonia: racismo como forma de evadir la responsabilidad política
Declaración conjunta de organizaciones y referentes sociales, de la sociedad civil y la academia. Acá podés sumar tu firma a título colectivo o personal.
La Policía de la Ciudad mató a dos personas en Lugano y Constitución
Las dos recibieron disparos a quemarropa. Estos casos muestran la incapacidad policial para actuar sin violencia en conflictos vecinales.
Torturas con picana, palizas y amenazas en una comisaría de Moreno
Eso sucedió en la seccional primera. Tres policías fueron detenidos acusados de darles descargas eléctricas a los detenidos, de golpearlos, desnudarlos y amenazarlos. Esta seccional ya tenía una cautelar de la CIDH por las pésimas condiciones en las que se alojaban las personas detenidas.
Argentina ante el Comité contra la Tortura: políticas que agravan el sufrimiento y la exclusión
Junto con distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, presentamos una serie de informes sobre las prácticas estatales que vulneran los derechos humanos en el país.
Tres personas continúan detenidas luego de la clausura del cine en Ciudadela
La sala es un punto de encuentro de la comunidad LGTBIQ+. Sufría persecución del Municipio desde hacía varios años. El Ministerio de Seguridad anunció que ahí funcionaba una red de trata pero no era verdad. A pesar de eso hay tres personas que continúan presas. Por eso nos presentamos como amicus curiae ante el tribunal de Casación.
Represión de protestas en Ecuador
Numerosas organizaciones de derechos humanos condenamos la represión de la protesta social y llamamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta.
Persecución a la comunidad LGBTIQ+: clausura y detenciones en un cine de Ciudadela
Es una sala de películas condicionadas en Tres de Febrero. Los dos encargados eran hostigados por el municipio y fueron detenidos junto a la pareja de uno de ellos, que no trabaja en el lugar. La ministra Bullrich anunció que ahí funcionaba una red de trata y que habían rescatado a presuntas víctimas, algo que nunca ocurrió.
Violencia y desamparo: la vida de quienes no tienen techo
El tercer censo popular de personas en situación de calle muestra un crecimiento en la población que vive a la intemperie en CABA y desnuda el aumento de consumos problemáticos, el deterioro físico y mental, y la criminalización de las fuerzas policiales.
RIGI, primer año: el experimento libertario bajo la lupa
Autor/a: TNI, EFTE, FARN, CEPPAS, UNSAM, CELS
42 págs.
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Activismos, violencias de Estado y burocracias. Conflictos y derechos en litigio
Autor/a: AAVV
366 págs.
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La vida en riesgo: personas en situación de calle
Sólo en la ciudad de Buenos Aires viven 11.892 personas, según el tercer censo popular. La vida a la intemperie, la mala alimentación y la falta de atención agrava sus condiciones de salud. Necesitan mayor respuesta estatal pero el gobierno nacional se desentendió de las políticas de protección de estas personas. Esta semana hubo personas muertas en distintas partes del país y suman 63 en todo el año.
La Cámara de Casación Penal pidió al TOF que les baje la pena a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel
El fallo es preocupante porque aliviana las consecuencias de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche.
Reforma de la Policía Federal sin el Congreso: más facultades sin orden judicial
Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.
El país de la libertad
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
El crimen de Thiago: lo que sucede cuando desde el Estado se alienta la violencia policial
El homicidio del nene de 7 años se suma a una lista que muestra la falta de preparación de las fuerzas de seguridad y las consecuencias de los discursos violentos de responsables políticos.
Relatores de la ONU, preocupados por las personas en situación de calle en CABA
Enviaron una comunicación al Gobierno nacional en la que muestran su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal.
Pablo Grillo: a dos meses, el gendarme que disparó no fue citado a declarar
Según las pruebas acumuladas, el cabo Héctor Jesús Guerrero fue quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que hirió a Pablo en la cabeza. La propia Gendarmería reconoció en la causa que ese tipo de armas no debe ser disparada contra personas porque puede causar la muerte.
12 de marzo: fue represión violenta, no golpe institucional
La represión del 12 de marzo dejó un saldo brutal: 114 detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas, periodistas atacados y Pablo Grillo al borde de la muerte. El gobierno usó la idea de un “golpe” como excusa para justificar una escalada violenta. A un mes de esos hechos, no existe una sola prueba de atentado contra el orden constitucional, pero hay muchas sobre la política deliberada de castigo a la protesta social.
Pablo Grillo: su familia se presentó como querellante en la causa
Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS asumieron la representación legal de la familia Grillo. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre los hechos que dejaron a Pablo en estado crítico durante la manifestación de jubilados y jubiladas el miércoles 12 de marzo.
La represión como política: violencia, detenciones y el uso de armas peligrosas en Argentina
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
ONU: denunciamos las restricciones al espacio cívico y la inconstitucionalidad de la deuda con el FMI
Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
Audiencia CIDH: el Estado desconoció su responsabilidad por los asesinatos y la represión de diciembre de 2001
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
Interseccionalidad y protesta
Autor/a: CELS, ILEX, CIVICUS
16 páginas
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Protocolo anti protesta: decenas de organizaciones pedimos su inconstitucionalidad
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
Orgullo antifascista
Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.
Criminalización de brigadistas y hostigamiento a comunidades indígenas
La prisión preventiva de Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche son parte de una tendencia preocupante del sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas. Estas acciones no disimulan la gestión ineficaz de los incendios en la Patagonia.
Plan Güemes: la Gendarmería mató a un joven trabajador en Jujuy
Es el segundo caso en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona de las fronteras y “la guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, que transportan mercadería como forma de mantener a sus familias.
Mar del Plata: una brigada policial sin identificar mató a tiros a un joven
Las brigadas policiales en Buenos Aires y CABA operan sin identificación ni control adecuado, lo que les permite involucrarse en actividades delictivas y ejercer violencia en barrios vulnerables. En las zonas en las que actúan, la discriminación y la violencia policial se extienden y generan una desconfianza extrema hacia todas las fuerzas, construida por años de abusos.
Cuando hay violencia policial, ¿a quién protege el poder judicial?
Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.
Acción legal travesti trans contra la violencia institucional
Junto con el Archivo de la Memoria Trans impulsamos un amparo para que se garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años. Es en reconocimiento y reparación integral por parte del Estado ante la violencia institucional que sufrieron por décadas y que tiene consecuencias hasta el presente.
Maldonado: siete años sin verdad ni justicia
Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.
A diez años del hallazgo de Luciano Arruga: el abandono y el maltrato estatal siguen hasta hoy
Una década después de encontrar su cuerpo, y a quince años de aquel 31 de enero de 2009, la causa judicial que tiene que investigar y dar respuestas sobre las circunstancias de su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
De pies a cabeza: el uso criminal de armas menos letales en la protesta en América Latina
Autor/a: Temblores y CELS
51 págs.
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Reforma de la Ley de Seguridad Interior: el blanco no es el terrorismo, sino los consensos de la democracia
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en asuntos de seguridad interior. Se trata de una iniciativa peligrosa que apunta a romper un acuerdo político y social construido desde la recuperación democrática.
Tortura y malos tratos: recomendaciones institucionales para fortalecer la investigación judicial
Autor/a: CELS y Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
23 págs.
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Protesta por la Ley Bases: pedimos la libertad de las cinco personas que continúan detenidas
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.
La Patria es la otra
Autor/a: AMMAR y CELS
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Protocolo de uso de armas de Bullrich: resistencia judicial a prevenir el aumento de la violencia policial
La justicia penal rechazó el amparo que presentó el CELS contra el reglamento de uso de armas de fuego para fuerzas federales, impulsado por el Ministerio de Seguridad. El protocolo amplía la discrecionalidad para disparar con la sola sospecha de que alguien comete un delito y debilita el sistema de rendición de cuentas por esos actos.
El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social
El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.
¿A quién persigue el gobierno?
Columna publicada en la edición de mayo de Posdata, el boletín del CELS.
Vivir en la calle no es un delito
En CABA aumenta la criminalización mientras se reduce el presupuesto para políticas destinadas a las personas en situación de calle. Decir que hacen “orden y limpieza” califica directamente a quienes allí habitan como objetos de intervención de higiene urbana o control policial, en vez de entender que son personas con derechos, cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar.
Firmamos el acuerdo de solución amistosa por la masacre de Magdalena
Lo hicimos junto al CIAJ, en representación de las familias de tres víctimas, y el Ministerio de Justicia Bonaerense. Se establecieron medidas que buscan mejorar la situación de las cárceles provinciales. El año pasado el Estado argentino había reconocido ante la CIDH su responsabilidad internacional por lo ocurrido en 2005 en esa cárcel.
Sobre la situación en Rosario, la violencia y el miedo
La crisis de Rosario nos pone ante un desafío urgente: encontrar soluciones a la violencia extrema de bandas criminales y exigir que el Gobierno no nos conduzca a una violencia mayor provocada ya no por la inacción sino por la decisión de las autoridades estatales.
