Las ex juezas de la provincia de San Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga presentaron en Washington sus alegatos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del caso por la remoción irregular de sus puestos, ocurrida en 1998. Gallo y Careaga comentaron las dificultades que tuvieron que atravesar tanto en su vida profesional como personal a raíz del proceso de destitución impulsado por el ejecutivo provincial.
En la audiencia de esta mañana estuvieron presentes el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, los comisionados Paolo Carozza y Freddy Gutiérrez, los abogados patrocinantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier y Diego Morales y representantes del Estado argentino. La tercera jueza involucrada en el caso, Silvia Christin de Maluf -quien fue desplazada de su cargo en 2002- no pudo viajar por motivos personales.
Como resultado de la presentación, el Estado nacional reconoció su responsabilidad en el caso y ofreció acordar una “solución amistosa” con las ex juezas. Sin embargo, las bases de un posible acuerdo recién se conocerán en la próxima reunión, que se realizará en noviembre en la Argentina y contará con la presencia de Meléndez. Allí, las ex juezas pedirán una respuesta concreta del Estado, que necesariamente deberá incorporar el compromiso de la provincia de San Luis.
A principios de agosto, la CIDH resolvió admitir la petición realizada por el CELS por los casos de las tres ex magistradas, quienes fueron desplazadas de sus cargos tras enfrentarse con el Poder Ejecutivo provincial. La presentación había sido realizada en el año 2003 por el CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el estudio jurídico Wortman Jofré – Isola. Gallo, Careaga y Christin de Maluf fueron removidas de sus cargos luego de negarse a rechazar casos de corrupción que involucraban al poder político local y pronunciarse en contra del avasallamiento sufrido por la justicia en la provincia. Las destituciones se produjeron mediante juicios políticos en los que se cometieron graves violaciones contra garantías elementales, como el derecho a contar con un juez neutral y un tribunal imparcial.
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