El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que las muertes ocurridas en la Unidad Penal N°1 de Varones, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, en Santiago del Estero, se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales. Si bien no son claras las causas que originaron este motín y el incendio, el CELS remarcó “la responsabilidad directa del Estado por la vida de quienes se encuentran a su cuidado, y su obligación de garantizar condiciones de detención que respeten y garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad”.
La Unidad Penal Nº1 -según datos oficiales del SNEEP del año 2005- tiene una sobrepoblación del 122%. De las 444 personas alojadas allí, 276 están detenidas sin sentencia firme. Para el CELS, esta situación interpela a los distintos poderes del estado provincial que deben “modificar las condiciones de detención y de seguridad de las personas alojadas en unidades penitenciarias, revisar el uso abusivo de la prisión preventiva y modificar la legislación que avala esa práctica”.
El CELS señaló que “estos hechos repiten situaciones similares de extrema gravedad que tuvieron lugar en jurisdicciones provinciales sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal”. Por esta razón, el CELS solicitó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que “convoque en forma urgente al Consejo Penitenciario Federal a fin de analizar la situación y establecer estándares claros sobre las condiciones de seguridad en las que deben estar alojadas las personas privadas de su libertad en todo el territorio nacional para impedir que estos hechos sigan ocurriendo”.