El miércoles 3 de junio, mientras el país se movilizaba a once años del primer Ni Una Menos, cuatro mujeres detenidas en la Unidad 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, fueron torturadas por integrantes del servicio penitenciario. Un grupo de agentes, entre los que había hombres, las agredieron con gas pimienta, las desnudaron, las golpearon, y a dos de ellas las sometieron sexualmente.

Esa tarde, dos agentes penitenciarias y la jefa del penal irrumpieron en el pabellón en que estaban alojadas las cuatro mujeres y las sacaron a la rastra. Las separaron entre sí. En ese momento empezó una secuencia de terror.

A una de ellas la desnudaron, la llevaron a una zona en la que no había cámaras y la obligaron a besar las botas de la jefa. Como se resistía, le tiraron gas pimienta en la cara y la metieron en una celda clausurada. En ese momento, se sumaron cuatro guardias hombres, que tienen prohibido el contacto con las detenidas. Estos hombres apoyaron una escopeta en las partes íntimas de una de ellas. Después le hicieron “submarino” -una forma de tortura aprendida en dictaduras- en la pileta de la celda hasta que convulsionó. Luego de que una enfermera la revisara, le dieron un culatazo en el ojo, le golpearon la cabeza contra la cama de metal y la dejaron tirada el resto de la noche sobre un colchón mojado.

Al día siguiente, aunque estaba lastimada y dolorida, las agentes penitenciarias la obligaron a limpiar la celda y la amenazaron con nuevas torturas si no firmaba un acta en la que decía que había tenido una pelea con otras detenidas. Esa noche, la mujer intentó suicidarse.

A otra de las detenidas la golpearon en la cabeza, la ahorcaron, le rompieron la ropa y también abusaron sexualmente de ella. Después, le ataron los pies y las manos y la tiraron en un colchón impregnado de gas pimienta para que sintiera asfixia. A una tercera también la arrastraron de los pelos por el pasillo y la esposaron. La tiraron al piso y la aplastaron con un escudo. La golpearon y la patearon sobre un colchón mojado en donde quedó 15 horas sin asistencia ni comida. Una cuarta detenida fue esposada de pies y manos y le pusieron un tirante entre las dos esposas para inmovilizarla mientras la golpeaban. También la tiraron boca abajo en otro colchón con gas y le taparon la boca para que no pudiera respirar.

Todo eso lo hicieron durante más de seis horas.

Dos días después, otras detenidas hicieron una protesta por lo que había ocurrido con sus compañeras y fueron reprimidas en el pabellón. Una de ellas sufrió una lesión en el ojo, otras dos tuvieron convulsiones y el resto de las que habían participado de la protesta temían nuevas represalias.

Apenas se conocieron las primeras versiones de lo que había pasado, la Comisión Provincial por la Memoria entrevistó a las cuatro mujeres torturadas y pidió que se hicieran pericias. Luego hizo la denuncia como mecanismo provincial contra la tortura, pero el juzgado que lleva la causa la rechazó como querella institucional.

La jefa del penal y las y los penitenciarios que participaron de estos hechos de violencia fueron separados. Ahora se tienen que investigar las responsabilidades de cada uno en lo que sucedió.

Episodios como estos suceden en un contexto de fuerte retroceso en la prevención de la tortura en las cárceles y comisarías de todo el país. La gravedad de este hecho demanda respuestas urgentes del Poder Ejecutivo y del Judicial. La falta de sanción de los hechos de tortura da un mensaje de tolerancia y visto bueno.

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