El CELS confirmó su acusación contra los militares del Batallón 601

Los abogados querellantes ratificaron sus cargos contra el ex Comandante en Jefe del Ejército y otros siete oficiales del Batallón de Inteligencia 601 acusados de conformar una asociación ilícita que tuvo a su cargo el secuestro y la desaparición de cinco militantes Montoneros entre 1979 y 1980.

El fiscal y los abogados querellantes ratificaron sus cargos contra el ex Comandante en Jefe del Ejército, general retirado Cristino Nicolaides, y otros siete oficiales del Batallón de Inteligencia 601. Todos ellos están acusados de conformar una asociación ilícita que tuvo a su cargo el secuestro y la desaparición de cinco militantes Montoneros entre 1979 y 1980.

Esta mañana comenzaron los alegatos en el marco del primer juicio contra militares tras la anulación de las leyes de impunidad. El fiscal, Jorge Álvarez Berlanda, fue el primero en exponer frente al juez Ariel Lijo y ratificó el pedido de 25 años de prisión para Nicolaides y la plana mayor del 601, integrada por los coroneles Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión y del grupo de tareas 2; Pascual Oscar Guerrieri, jefe de operaciones; Juan Carlos Gualco, jefe de la división Inteligencia General Subversiva; Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, miembros de la Central de Reunión; el agente civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya, y el policía Julio Héctor Simón, alias Turco Julián.

A su turno, los abogados del CELS, Carolina Varsky y Santiago Felgueras, reiteraron su acusación contra los imputados, a quienes a tribuyeron los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y reducción a servidumbre.

Felgueras hizo hincapié en la necesidad de “acelerar los juicios” contra los responsables del terrorismo de Estado y remarcó el valor de juzgar los crímenes del Batallón 601 como “un hecho representativo del núcleo duro de la represión”.

Por su parte, Varsky aclaró que “nada reparará los daños causados”, pero destacó la necesidad de “recorrer el camino de la justicia para restituir la supremacía del Estado de Derecho sobre el Estado terrorista”.

La presentación de los alegatos fue oral y pública y se desarrolló en la misma sala en la que se realizó en 1985 el juicio a las Juntas Militares, en el segundo piso de los tribunales de Talcahuano 550. Los alegatos finalizarán mañana con la presentación del defensor de Nicolaides, Alejandro Zeverín Escribano, a partir de las 14 horas.

Finalizada esta etapa, el juez Lijo estaría en condiciones de dictar la primera sentencia contra militares desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia que anuló las leyes de impunidad en el año 2005. Desde entonces, sólo fueron condenados el agente de la Policía Federal, Julio Simón, el de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz y el sacerdote de la Iglesia Católica, Cristian Von Wernich.