En la noche del 15 de octubre de 2005 se registró la mayor tragedia carcelaria de las últimas décadas en la Argentina: la muerte de 33 internos de la Unidad Nº 28 de Magdalena a raíz del incendio desatado en el pabellón en el que se encontraban alojados. La tragedia respondió a una serie de deficiencias en la infraestructura, a las que se sumó la desaprensión con la que actuaron los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La causa penal
En la causa penal están imputados por el delito de abandono de personas seguido de muerte Raymundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villareal,Mauricio Alejandro Giannovile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez. Por el delito de homicidio culposo están imputados Carlos Oscar Tejeda y Hernán Fabio Ferreira.
Una de las pericias incorporadas a la causa penal con fecha del 16 junio de 2007, no deja lugar a dudas respecto de las responsabilidades de los funcionarios del Servicio Penitenciario. Los peritos de la Asesoría Pericial de La Plata arriban en ese informe a las siguientes conclusiones:
1. “El edificio nunca debió estar habilitado por no reunir las condiciones reglamentarias en cuanto a los medios de escape en caso de incendio.
2. “El lugar tal como estaba construido y funcionaba, hacia probable, que tarde o temprano, sucediera un hecho como el ocurrido.”
3. “La mayoría de los yerros se cometieron antes del incendio”
4. “La tragedia pudo haber sido impedida, pero la desidia, fundamentalmente, llevo a este final”