El Juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires por el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, por los legisladores José Molina y Guido Lorenzino, por el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández y por la ciudadana Carla Regis, a raíz de diversas resoluciones adoptadas en el ejercicio de su función. Dichas denuncias dieron inicio al procedimiento de remoción.
Los argumentos de los denunciantes se dirigieron a criticar las decisiones tomadas por Sal Lari vinculadas con la esencia de la función judicial, es decir con el control de los actos que pudieran afectar las garantías individuales de las personas sometidas al proceso penal. Estos argumentos se limitaron a plantear una opinión diferente a la del juez y a criticar cómo aplicó el derecho. Las denuncias cuestionaron decisiones relativas a la no aplicación de la prisión preventiva, al modo de controlar las detenciones policiales, allanamientos o secuestros de bienes; y al dictado de sobreseimientos o nulidades relativas a la producción de prueba.
Sin embargo, estas decisiones estuvieron fundadas en el derecho nacional e internacional vigente y fueron tomadas en el marco del ejercicio propio del rol institucional reservado por las normas provinciales y constitucionales al Juez de Garantías. El análisis de las presentaciones dejó en evidencia que lo que está por detrás de las denuncias era la discusión sobre los alcances del control judicial de la coerción penal, y los límites que se pretenden imponer a los jueces en el control a la actuación de la policía y de los fiscales, o al evaluar la aplicación de una medida restrictiva de derechos.
Como se advierte, la puesta en crisis de la función judicial de garantía mediante denuncias por mal ejercicio del cargo pretende instalar la idea de que un juez estricto en el control de las fuerzas de seguridad y del ministerio público y en la aplicación de la prisión preventiva representa la figura del juez inidóneo e irresponsable.
Este uso arbitrario del procedimiento de remoción de jueces por parte de autoridades de gobierno importa la voluntad de dar un mensaje social sobre el papel de los jueces y es también una acción dirigida a debilitar su independencia; no sólo en el caso particular del juez denunciado —que debe defenderse por haber asumido con compromiso su función y aplicado los estándares constitucionales a los casos concretos—, sino para el resto del poder judicial provincial que recibe este mensaje disciplinador.
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