Condenas por el Plan Cóndor: un nuevo paso contra la impunidad

El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó, a cuatro jefes del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, a penas de entre 20 años y prisión perpetua.

Cuatro jefes del centro clandestino de detención “Automotores Orletti” fueron condenados ayer a penas de entre 20 años y prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Este centro clandestino había sido creado para concentrar a los secuestrados del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva establecido entre las dictaduras del Cono Sur.

Luego de nueve meses de audiencias, el tribunal condenó al general (r) Eduardo Cabanillas, que fue jefe del centro, a prisión perpetua; a 25 años de prisión a los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz, y a 20 años de prisión al ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguró que “estas condenas en un caso que forma parte del Plan Cóndor representan un paso trascendente en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina y fortalecen también los procesos de justicia que se están llevando adelante en otros países de la región”.

El centro clandestino Automotores Orletti, ubicado en un taller mecánico en Venancio Flores 3521 del barrio porteño de Floresta, funcionó durante 1976 bajo el mando del entonces jefe de la SIDE, general Otto Paladino, en coordinación con el Ejército y miembros de las fuerzas armadas uruguayas, cuya extradición ya fue solicitada por la Justicia. Por Orletti pasaron más de 300 personas, la mayoría de las cuales se encuentran desaparecidas. Entre las víctimas se cuenta un grupo de ciudadanos uruguayos a quienes se los secuestró para robarles un botín de 10 millones de dólares que luego fue repartido entre la SIDE y el grupo de tareas que intervino en el operativo.

El CELS fue querellante en la causa y patrocinó a las familias de Marcelo Gelman, María Claudia Irureta Goyena y Guillermo Binstock.