Más de diez organizaciones sociales con el apoyo técnico de distintas instituciones del Estado organizaron la primera campaña piloto por el derecho al voto de las personas usuarias de servicios de salud mental. El objetivo es garantizar el ejercicio de este derecho a partir de los importantes cambios normativos acontecidos en los últimos años.
La campaña intenta avanzar en el diseño de un plan nacional que garantice el ejercicio del derecho a la participación política de las personas que se encuentran internadas en hospitales públicos, clínicas privadas, unidades psiquiátricas penales, comunidades terapéuticas y en cualquier otro tipo de establecimiento del que no puedan salir por propia voluntad. La primera experiencia tuvo lugar con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que definieron los candidatos para las elecciones generales del próximo 23 octubre.
El derecho al voto
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), suscripta por Argentina en 2008 y la promulgación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 de 2010, reafirman las obligaciones del Estado de garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales como el ejercicio de los derechos políticos.
En este marco, la campaña promueve la implementación de la ley 26.571 que modifica el Código Electoral Nacional y habilita a votar a las personas que se encuentran en centros de internación. Este grupo estaba excluido del padrón electoral hasta la mencionada reforma.
Por otra parte, si bien la ley 26.571 mantuvo la imposibilidad de ejercer el voto a las personas “dementes declarados tales en juicio”, posteriormente la Ley Nacional de Salud Mental incorporó el art. 152 ter al Código Civil y estableció que todas las sentencias de incapacidad “deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”. De ello se sigue que una persona declarada incapaz debería poder ejercer el derecho a votar salvo que, expresamente, el juez limite ese ejercicio a través de la sentencia correspondiente.
La campaña
Mediante el ejercicio del derecho al voto, la campaña se propone revertir la histórica segregación de la personas usuarias de servicios de salud mental y consolidar su pleno reconocimiento como actores políticos y sociales. Por este motivo, las organizaciones que impulsan la campaña comenzaron a trabajar en el marco de las elecciones primarias en conjunto con algunos centros de internación, entre los que se encuentran: Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca (Luján), Hospital Interzonal José A. Esteves – Programa de Rehabilitación y Externación Asistida -PREA- (Temperley), Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred (Luján), Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn (La Plata), Hospital General de Agudos y Hospital de día Dr. T. Álvarez (CABA), Hospital General de Agudos P. Piñero (CABA), CENARESO (CABA), Hospital Psiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros” (Jujuy) y Instituto de Psicopatología (Jujuy).
En estos lugares la campaña se basó en la articulación con los centros de salud metal para realizar acciones conjuntas tales como: el relevamiento de la situación legal de las personas internadas (documentación, empadronamiento y existencia o no de sentencias que restringen la capacidad jurídica); capacitación y sensibilización sobre el derecho al voto tanto para las personas usuarias, como para los equipos de salud; y la identificación de los apoyos necesarios para que las personas pudieran hacer efectivo el derecho al voto.
Nuevo paradigma, nuevas prácticas
Antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental las sentencias de incapacidad dictadas por la justicia afectaban el ejercicio de los derechos políticos. Tradicionalmente las personas usuarias de los servicios de salud mental no eran consideradas sujetos de derechos. Por ello, la limitación de sus derechos también conculcaba, entre otros, el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Si bien en la actualidad se han removido los impedimentos legales, es necesario que se consoliden prácticas acordes a los cambios normativos acontecidos.
La presente campaña se lleva adelante con la intención de concretar acciones inscriptas en un nuevo paradigma, que reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales, y que parte de la presunción de capacidad de todas las personas (art. 3 de la ley 26.657).
Este nuevo paradigma está siendo impulsado por el movimiento de personas usuarias de los servicios de salud mental, tanto en el país como en diferentes partes del mundo.
La experiencia de la campaña en las elecciones primarias
Algunos logros:
– Muchos usuarios que atraviesan períodos prolongados de internación, a partir de esta experiencia, se reconocieron como ciudadanos/ciudadanas y titulares de derechos.
– Fue posible conocer y visibilizar el compromiso de muchos/as trabajadores/as del campo de la salud mental con la plena inclusión de las personas usuarias en la sociedad.
Algunos retos:
– Remover las barreras sociales, prejuicios y estigmas que imposibilitan reconocer a las personas usuarias con capacidades para discernir, tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernen, y ejercer efectivamente sus derechos.
– Lograr que más trabajadores/as del campo de la salud mental reconozcan que el acceso a la información y el efectivo ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos hacen parte integral de la preservación y el mejoramiento de la salud.
Organizaciones que impulsan esta campaña: ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental), APUSSAM (Asamblea Permanente de Usuari@s y sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental), Asociación civil OIKOS por la Salud Mental, Asociación civil “Una Movida de Locos”, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos), Foro Permanente por la Salud Mental –Regional La Plata y Mar del Plata, Proyecto Suma, RADAUD (Red Argentina por los Derechos y asistencia de los usuarios y las usuarias de drogas), Radio la Colifata, Red sobre Buenas Prácticas en Salud Mental, REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) y RED FUV (Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios).
Brindan apoyo técnico: AGT (Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo), CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad), Comité Científico Asesor en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, Defensoría General de la Nación y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.