Con la entrega de 175 viviendas sociales, se anunció que dejará de funcionar el hospital psiquiátrico de Melchor Romero y las personas que pasaron gran parte de su vida encerradas vuelven a vivir en la comunidad. Esto es el resultado de una lucha de muchos años impulsada por organizaciones sociales y de derechos humanos, trabajadores del hospital y las propias personas internadas que primero llevó adelante una transformación del manicomio de acuerdo a las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental y que concluyó con el cierre definitivo.
En 2013, en las primeras visitas a Melchor Romero, registramos situaciones muy graves. Había personas internadas durante décadas, algunas durante 60 ó 70 años, prácticamente toda su vida. Se comprobaron abusos físicos y sexuales, hacinamiento, personas desaparecidas y muertes que no se investigaban. La comida que se servía estaba en mal estado, y las salas, invadidas de animales y plagas.
Por todos estos hechos, en 2014 desde el CELS, junto a el Movimiento de Desmanicomialización en Romero (MDR) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentamos un amparo colectivo por la vulneración de los derechos humanos de las 750 personas internadas en el hospital. Pedimos la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que ordena la sustitución definitiva de los manicomios por un modelo de atención basado en la comunidad. La acción judicial fue desde el inicio una hoja de ruta y un posicionamiento ético y político, no sólo una discusión jurídica.
Le propusimos al juez de la causa la creación de una mesa de trabajo en la que se reunieran semanalmente las organizaciones que denunciaban, autoridades del hospital, del ministerio de salud, de desarrollo social, de la secretaría de derechos humanos de la Provincia, defensorías, fiscalías y también las personas internadas. Desde ese momento impulsamos la transformación del manicomio de acuerdo a la ley: exigimos el cierre de los sectores de larga estancia y la creación de los dispositivos de atención y vida en la comunidad. Avanzamos en la desinstitucionalización de las personas alojadas e impulsamos estrategias para terminar con la internación de quienes, se encontraban viviendo allí durante años, sin ningún criterio clínico.
La mesa permitió identificar problemas, buscar soluciones, definir protocolos y que las personas internadas puedan decidir sobre sus tratamientos, su intimidad y su libertad ambulatoria. Se crearon nuevos mecanismos para frenar la violencia institucional, la sobremedicación y los abusos sexuales. También se prohibieron los traslados de personas desde las salas de internación breve hacia las salas de “crónicos”, de donde ya nadie volvía a salir. Al cortarse ese circuito, la cantidad de personas internadas bajó rápidamente.
Para poder avanzar con el cierre era indispensable encontrarles un lugar para vivir a las personas internadas. Con un acuerdo con el Instituto provincial de la Vivienda se construyeron las primeras 10 casas, y así empezaron las primeras salidas. Y hace unos días, la provincia inauguró un barrio de viviendas sociales, con casas destinadas a las 70 personas que aún estaban en Romero.
La Ley Nacional de Salud Mental es aplicable incluso en los lugares más difíciles de transformar y muestra un límite a la crueldad y al encierro, porque el manicomio no es un lugar para vivir ni para curarse.
Todas las personas tienen problemas de salud mental en algún momento de la vida, algunas incluso sufren mucho lo que les sucede. Pero la salida no es con abandono sino con servicios de salud en la comunidad que reúnan y acompañen, con redes y vínculos que sostengan.