El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°4 que considere inadmisible la acción penal por calumnias e injurias iniciada por el secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi contra el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) Ricardo Cirielli.
El pasado 30 de noviembre, Schiavi querelló al titular de APTA por considerar que sus declaraciones en los medios de comunicación constituyen “un ejercicio abusivo de la libertad de expresión”. Además, el funcionario afirmó que los dichos atribuidos a Cirielli “resultan altamente perjudiciales porque, al propagarse, tienen la aptitud de interferir negativamente en las relaciones sociales, laborales, económicas y de las más diversas índoles” y afectan “la confianza de los ciudadanos en la gestión pública”.
Cirielli había calificado al secretario de Transporte como “irresponsable” por retirarse de una reunión que mantenían por los conflictos gremiales en Aerolíneas Argentinas para asistir a un programa de televisión. El dirigente de APTA también había afirmado que Schiavi “es el principal culpable de todos los problemas que hay en el transporte aeronáutico. Es un ignorante. Funcionario de Grosso, devenido en macrista y mentiroso”. Para el CELS, los dichos de Cirielli constituyen un tema de interés público ya que no se refieren al accionar de Schiavi en el ámbito privado, sino que cuestionan sus actos como funcionario público.
En 2009 el Congreso de la Nación despenalizó los delitos de calumnias e injurias para expresiones de interés público mediante la sanción de la ley 26.551. Además, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el pasado 10 de noviembre que manifestaciones de esta índole no configuran delitos penales y estableció un precedente para que los tribunales argentinos no den curso a estas demandas. Lo hizo al dejar sin efecto la sentencia contra el periodista Eduardo Kimel, condenado en 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 mil pesos al juez Guillermo Rivarola por haber criticado su desempeño en la investigación del asesinato de cinco religiosos palotinos en 1976.
En su fallo del 2 de mayo de 2008 contra el Estado argentino por el caso Kimel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.
La despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público ha sido un importante avance en la Argentina. Sin embargo, hechos como éste dejan en evidencia que continúa pendiente el desafío de generar un cambio cultural que garantice una postura homogénea de los funcionarios y personajes públicos que impulsan querellas por difamación.