La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, CELS, Cepoc, CIAJ, el diputado Marcelo Saín y defensores judiciales entregaron una carta al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y al senador Jorge D’Onofrio, en la que analizan los proyectos presentados por el Ejecutivo provincial sobre excarcelaciones y régimen de armas.
Los nuevos proyectos admiten las críticas formuladas oportunamente sobre la inconstitucionalidad de la restricción a las excarcelaciones y la falta de políticas específicas sobre el control de armas. Intentan evitar la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte bonaerense, pero mantiene algunas cuestiones preocupantes.
Además, se le solicitó al vicegobernador Mariotto que convoque a una audiencia pública previa al tratamiento legislativo de estos proyectos. Una reforma de semejante índole no puede ser sancionada nuevamente a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos/as, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos/as y organismos de derechos humanos.
El proyecto sobre limitación de excarcelaciones insiste con la profundización de una política criminal basada en el encierro cautelar, diseñada para las coyunturas, inocua en términos de prevención del delito y profundamente lesiva en el marco de la crisis carcelaria de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa sigue enmarcándose en los discursos que procuran resolver las demandas sociales de seguridad a través del endurecimiento del sistema penal. Tal como se ha hecho en otras oportunidades en la Provincia (con resultados desastrosos), se pretende plantear políticas de ‘mano dura frente a la delincuencia’ como única estrategia de intervención, propiciando la generalización del encierro sin la menor evaluación o preocupación por las consecuencias sociales que esto genera, y sin ningún reparo respecto de su demostrada ineficacia.
En simultáneo, el Gobierno provincial remitió un proyecto para establecer un régimen provincial de armas, en sintonía con nuestros planteos sobre la necesidad de orientar el abordaje hacia el control de los mercados de armas (lícitos e ilícitos) y la circulación de éstas entre la población. Sin embargo, este proyecto debe ser profundamente debatido, incorporando los aportes de expertos y organizaciones que vienen trabajando la temática.
Consideramos que una política pública de prevención debe incluir la creación de una agencia de control de la violencia armada, un sistema provincial automatizado de identificación balística y un mecanismo de control patrimonial y destrucción de armas de fuego y materiales, todos controlados en poder del Estado.
Es importante desarrollar propuestas que focalicen en el control de las armas en poder de personas denunciadas por violencia de género y/o familiar, incluidos los integrantes de las policías provinciales. Es indispensable avanzar en una política comunicacional que advierta sobre los riesgos que provoca la tenencia de armas en el grupo familiar y en la profundización de los planes de entrega voluntaria de armas.
Firman:
Comisión provincial por la Memoria (CPM), Centro de estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el diputado Marcelo Sain, el defensor de menores Julián Axat y la defensora pública de Lomas de Zamora, Fernanda Maestrin, entre otros.