El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que constituyó un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
En un contexto muy desfavorable, el parlamento fue el escenario en el que los organismos de derechos humanos pudieron incidir para confrontar el discurso de perdón y olvido que impuso el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990. En 2010, el poder legislativo reforzó ese compromiso con la Declaración del Bicentenario, mediante la cual estableció por unanimidad que el actual proceso de justicia constituye una política de Estado de carácter irrenunciable.
Ese proceso generó resultados dignos de ser destacados. Desde 2006, año en el que se realizó el primer juicio desde la reapertura de los procesos judiciales, hasta la fecha se emitieron 103 sentencias en las que resultaron 415 personas condenadas y 35 absueltas. En la actualidad, hay más de dos mil personas vinculadas a las casi 400 causas activas por estos crímenes en todo el país.
No sólo se produjo un crecimiento cuantitativo en materia de juicios. En los últimos tiempos, además, se avanzó en la diversificación y profundización de las investigaciones que permitió una mayor compresión histórica del fenómeno represivo. El juzgamiento de hechos anteriores al golpe de Estado de 1976, la reconstrucción de la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas y de seguridad y la atribución de responsabilidades a los ideólogos y ejecutores de la represión en la comisión de los delitos contra la integridad sexual son algunos de los aspectos en los que se ha venido indagando.
La condena a prisión perpetua de tres ex marinos por su participación en la llamada “Masacre de Trelew”, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue la primera sentencia en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos cometidos en el contexto represivo de principios de la década de 1970. Este fallo, dictado en octubre de 2012, reforzó la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante el breve período democrático entre dictaduras por actores paraestatales, como la Triple A, y por las mismas Fuerzas Armadas que posteriormente tomarían el poder. En este momento hay varias en causas en curso en las que se investigan hechos de esas características, como los de la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974; la causa por la Triple A, en la que se encuentran procesadas cinco personas, y la del Operativo Independencia, que está en etapa de instrucción.
Sobre la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, se también produjeron avances importantes, como el procesamiento de Carlos Blaquier en la causa Ledesma, el de los directivos de la empresa Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, la elevación a juicio del tramo de la causa Campo de Mayo en la que se investigan desapariciones de trabajadores de empresas de la zona de Zárate-Campana y las solicitudes que hicieron los tribunales orales para que se profundice la investigación de la complicidad de la empresa Loma Negra y del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.
En relación con los crímenes de violencia sexual, a principios de agosto de este año se dictó la tercera sentencia en la que los imputados fueron declarados culpables de los delitos de abuso y violación sexual. Actualmente se juzgan estos delitos en la causa ESMA III y Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán y existen causas abiertas en varias provincias, surgidas a partir de declaraciones de víctimas en juicios en curso.
Este largo recorrido es resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y de aquellos actores políticos que tomaron las decisiones más acertadas para la construcción de la democracia. Muchos son los obstáculos que aún deben sortearse, pero el proceso de justicia debe continuar y eso requiere, entre otras cosas, de una sostenida voluntad política.