La semana pasada se cumplieron cuatro meses de la declaración de la “emergencia en seguridad” en la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Daniel Scioli. En abril, una escalada más en el discurso de la mano dura fue el trasfondo de medidas para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones.
El accionar policial en las calles y la cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en las comisarías muestran las consecuencias reales que está teniendo la política de seguridad del gobernador y del ministro Alejandro Granados:
Los muertos ocasionados por el accionar de la Policía Bonaerense se utilizan como indicador de éxito. En estos meses el gobierno provincial dio a conocer informes periódicos con los resultados de la declaración de emergencia. Uno de los indicadores de ese balance es la cantidad de “delincuentes abatidos”: 76 entre el 5 abril y el 6 de agosto. Esta letalidad en los enfrentamientos duplica la que tenía la Bonaerense en años anteriores: en 2005 había una muerte cada diez enfrentamientos, hoy son dos cada diez.
Récord de detenidos, sobrepoblación y colapso del sistema penitenciario. En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33166. El 60% de estas personas están detenidas de manera preventiva, sin condena judicial.
Hoy, la provincia tiene una tasa de encarcelamiento de 201 cada 100 mil habitantes; en 2007, esa tasa era 167. La base de este incremento son los delitos callejeros, no los mercados ilegales ni los delitos complejos. La cantidad de personas detenidas aumentó entre enero y junio de este año lo mismo que en todo 2013. Si esa tendencia continúa, a fines de 2014 habrá un 30% más de detenidos que el año pasado.
En este momento, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya tiene una sobrepoblación de alrededor del 70%. Hoy, las personas alojadas en el SPB no tienen acceso a atención médica básica, ni a un alojamiento y alimentación adecuados. Los detenidos son víctimas de torturas, malos tratos y violencia por parte del SPB. La gestión de los penales es más que deficiente y los episodios de corrupción son frecuentes. La violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia es sistemática por su extensión y frecuencia.
Detenidos en comisarías. La “solución” que tiene la provincia de Buenos Aires para el colapso del sistema penitenciario es alojar detenidos de manera permanente en los calabozos de las comisarías. Esta práctica fue prohibida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 porque pone en peligro la vida y la integridad física de los detenidos y viola pactos internacionales con rango constitucional. El gobierno de la provincia reconoce que hay 1700 personas detenidas en estas condiciones, fuentes judiciales hablan de cerca de 3000.
El gobierno de la provincia construye el balance de su política de seguridad en base a la cantidad de procedimientos realizados, el incremento sistemático de las personas detenidas y el número de muertos y heridos por el accionar policial. Estas cifras hablan más de la perspectiva sobre la seguridad que tiene el gobierno provincial que sobre la eficacia del plan para reducir realmente el delito y la violencia.
La fuerte presión punitiva no está siendo acompañada por una reforma de la matriz corrupta y violenta de la Policía Bonaerense. Por el contrario, la policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son más violentas que en el pasado. La mano dura no cumple con su promesa de reducir el delito y la violencia y está ocasionando violaciones de los derechos humanos de las personas que entran en contacto con las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.