El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata realizó ayer un reconocimiento judicial en la Dirección Asociada de Psiquiatría del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” –conocido como “Melchor Romero”. Fue a partir de un amparo colectivo presentado por el CELS, producto del trabajo conjunto con la organización territorial Desheredados de la Razón, que denunció la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos en esa institución. El Registro de Defunciones de la Dirección de Psiquiatría asentó un número de fallecimientos preocupante: 59 personas murieron durante 2013 y 43 en lo que va de 2014. Las causas de esas muertes aún se desconocen.
El objetivo del reconocimiento fue que el juzgado constate las condiciones de internación, visibilice los tratamientos de salud mental, la falta de atención integral, y el estado de abandono generalizado. Las personas internadas bajo la Dirección de Psiquiatría de Romero enfrentan diversas modalidades de violencia institucional y conviven en la marginalidad y la exclusión. La consecuencia es la exposición permanente a factores de riesgo que atentan contra su integridad física, mental e incluso contra sus vidas.
De acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental 26657 –adherida por la Ley de la provincia de Buenos Aires 14580– se debe avanzar en el cierre de los manicomios a través de planes de externación sustentable de las personas alojadas y deben articularse políticas de inclusión social, laboral, educativa y de acceso a la vivienda. A pesar de esto, la principal respuesta estatal a los padecimientos mentales continúa siendo la internación psiquiátrica prolongada. A casi cuatro años de vigencia de la Ley, tampoco se creó el Órgano de Revisión provincial para supervisar los lugares de encierro, la legalidad de las internaciones y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias. Este ámbito, permitiría detener las graves y sistemáticas violaciones de derechos de este grupo.
Desde el CELS llamamos la atención sobre la falta de controles eficaces de los lugares de encierro. Tal es el caso de la ausencia de una ley provincial que cree el Mecanismo Local contra la Tortura, a pesar de la promulgación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes a comienzos de 2013.
El Hospital Romero resulta un caso paradigmático de lo que ocurre en distintas jurisdicciones del país: pese a que se hacen declaraciones a favor de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, en la práctica se sostienen estructuras manicomiales centenarias que funcionan como velo a la indiferencia estatal sobre los padecimientos mentales. El modelo vigente expone a las personas usuarias a torturas, malos tratos e indignidades cotidianas, además de que su institucionalización acrecienta los niveles de discapacidad. Es necesario dar cumplimiento al mandato legal y alcanzar un sistema de atención a partir de la inclusión social.