En los últimos años, el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado ha avanzado de manera significativa, tal como impulsamos los organismos de derechos humanos durante décadas. Este ha sido un aspecto fundamental de la consolidación del Estado democrático y en su defensa está comprometido un amplio conjunto de sectores sociales, políticos e institucionales.
Hoy enfrentamos nuevos desafíos. La fortaleza del proceso que investiga a los responsables directos del plan sistemático de desaparición y exterminio ha generado las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que tuvo lugar y de las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos- que facilitaron esos delitos o se beneficiaron de ellos. Estas investigaciones judiciales sobre las responsabilidades civiles se han encontrado con diversos obstáculos. En la actualidad, reaparece una constante de los procesos de justicia por los delitos de lesa humanidad: quienes en cada momento histórico han detentando o detentan espacios de poder presionan para dilatar o entorpecer las investigaciones y encuentran eco en núcleos de resistencia institucional, sobre todo en el seno del Poder Judicial. Así lo demuestran los argumentos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la reciente falta de mérito al empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y del juez subrogante Claudio Pontet para liberar de responsabilidad al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot.
El entramado de resistencias que aparecen frente a las investigaciones de las responsabilidades civiles en los crímenes de lesa humanidad no debería sorprendernos. La construcción de justicia por estos delitos ha sido consecuencia de la militancia social y de las decisiones políticas y judiciales que se comprometieron con esa lucha en un proceso dinámico que, desde la Conadep y el Juicio a las Juntas militares hasta nuestros días, ha tenido avances y retrocesos.
En la última década, el proceso de juzgamiento ha ampliado su alcance temporal y territorial y se ha convertido en un caso reconocido en todo el mundo y de referencia para la región. La Argentina es el primer país latinoamericano en investigar y juzgar la coordinación represiva de los regímenes dictatoriales de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina en el Plan Cóndor.
El impulso que al convertirse en política de Estado tuvo el proceso de memoria, verdad y justicia lo fortaleció como una oportunidad histórica para conocer y sancionar los delitos de lesa humanidad y reparar a las víctimas. La confluencia de la militancia social con decisiones tomadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial consolidó un amplio consenso condenatorio de las violaciones a los derechos humanos del pasado. Hoy, la vigencia de los derechos humanos como tema central en la agenda política y social argentina nos plantea otro desafío: que este consenso abarque a las violaciones que ocurren en el presente, aunque ya no en forma masiva, sistemática y centralizada.
Frente a los desafíos políticos e institucionales del juzgamiento de los actores civiles, son las instituciones judiciales las que deben posicionarse firmemente y con autonomía para avanzar en la determinación de sus responsabilidades.
Como lo hacemos desde hace 35 años, convocamos a todos a movilizarnos para compartir la memoria y exigir verdad y justicia.