Condenas para la jerarquía de la Armada Argentina por espionaje ilegal

Armada Argentina

El ex jefe de la Armada Argentina, Jorge Omar Godoy, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, por el mismo delito el ex subjefe, Benito Rótolo, a un año y 8 meses de prisión en suspenso.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 condenó a Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada Argentina, a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito a Benito Rótolo, ex subjefe, a un año y 8 meses de prisión en suspenso. Godoy y Rótolo estaban acusados de impartir órdenes e instrucciones a sus subalternos para que desarrollen tareas de inteligencia vedadas por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional.

A partir de la denuncia del cabo de la Armada Carlos Alegre, por actividades de espionaje ilegal en la Base Almirante Zar, se realizó un primer juicio en 2008 y se comprobó que ese accionar era habitual y estructural y constituía una práctica institucional del Sistema de Inteligencia Naval. En consecuencia, en este segundo juicio, el CELS impulsó que se diluciden y sancionen las responsabilidades de quienes eran los funcionarios jerárquicos de la Armada Argentina.

De manera reiterada y sostenida en el tiempo, se recopilaba, analizaba, procesaba y distribuía información sobre funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de derechos humanos –el CELS entre ellos–, periodistas, militantes, integrantes de agrupaciones políticas, sociales, sindicales y culturales. La información se organizaba a partir de categorías llamativas: “Banda Delincuente Terrorista”, “izquierda moderada”, “ideología marxista”, resabios de la última dictadura militar. Se pudo probar el flujo constante de este tipo información clasificada como secreta entre la jerarquía de la Armada y los subalternos, por los canales habituales del sistema de inteligencia naval.

En el veredicto el juez Sebastián Casanello recomendó al Congreso Nacional la incorporación de nuevas figuras penales que condenen la falta de control de las tareas de inteligencia que puede ocasionar que se realicen tareas prohibidas como las juzgadas en este caso, en la misma línea de lo planteado por el CELS en el debate sobre la reforma del Código Penal y de la Ley Nacional de Inteligencia.

A su vez dispuso que la documentación producida en esta causa se remita a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para su resguardo “con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos”. La decisión de Casanello así como la acusación sostenida por el fiscal Fernando Gélvez reafirman la importancia del control democrático de las Fuerzas Armadas y el rol que el Poder Judicial puede tener para evitar la impunidad de este tipo de prácticas ilegales. El Juzgado dará a conocer los fundamentos del fallo el próximo miércoles 25 de marzo.