Consejo de Seguridad Nacional: concentración de poder en nombre de la “defensa de la soberanía”

El gobierno presentó como una iniciativa sobre la soberanía de Malvinas un proyecto que en realidad rediseña áreas centrales del Estado. Crea un Consejo de Seguridad Nacional, una suerte de supraministerio, con amplias facultades para definir qué asuntos constituyen amenazas, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional. Esta amplitud puede llevar a actividades políticas, opositoras o críticas al terreno de la “seguridad nacional”, sin intervención ni control de otros poderes del Estado.

  

SIDE: el gobierno pone al Estado al servicio del espionaje interno

Con el DNU 941/25 se debilitan aún más los controles sobre el sistema de inteligencia. La ampliación máxima del secreto, la posibilidad de que los agentes de inteligencia detengan personas, la autonomía militar y el acopio masivo de nuestros datos personales son algunos de los puntos más preocupantes. El decreto es inconstitucional y debe ser rechazado por el Congreso.

  

Hacia un sistema de inteligencia democrático

Ante el funcionamiento ilegal e ineficaz del sistema de inteligencia argentino, especialistas, referentes políticos y sociales, y legisladores nacionales se reunieron para construir un diagnóstico, discutir posibles estrategias y promover una agenda propositiva.

  

Fuerzas federales: reformas que ponen derechos en riesgo

Los decretos que modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario habilitan, sin controles claros, las tareas de ciberpatrullaje. El gobierno los dictó, al igual que la reforma de la Policía Federal, amparado por la Ley Bases, a pesar de no tener facultades para hacer reformas en seguridad.

  

ARA San Juan: no se debe convalidar la inteligencia ilegal sobre familiares de marinos que reclaman respuestas del Estado

Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.

  

Represión y hostigamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientes, la Gendarmería desplegó un operativo violento, disparó balas de plomo y de goma, no tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes en el lugar y tuvo un proceder inexplicable que incluyó la quema de objetos pertenecientes a las familias, como sus ropas y mantas, acciones que tienen como único fin el amedrentamiento de sus integrantes.

  

Un nuevo aniversario del atentado a la AMIA con el mismo reclamo: justicia

Ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Desde el primer día, hace 23 años, se comenzó a encubrir a los responsables y con al poco tiempo se revelaron las conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales. Hace dos años el juicio en el Tribunal Oral 2 busca determinar las maniobras de encubrimiento que buscaron asegurar la impunidad.

  

Huellas de la memoria: 23 años del atentado a la AMIA

A partir de la causa AMIA se puede contar la historia del atentado terrorista más grande ocurrido en el país, del inmoral encubrimiento de sus responsables, del cínico uso político y electoralista que se hace del caso y de la responsabilid de las estructuras policiales, judiciales y de inteligencia. También, de la incansable lucha por la verdad y la justicia de los familiares de las víctimas, historias individuales que se hicieron colectivas.

  

El gobierno de México espía a las voces críticas

En medio de una ola de violencia impune contra periodistas y defensores de derechos humanos, se conoció que trabajadores de prensa, activistas y partidos políticos son vigilados y espiados por el gobierno mexicano. Organizaciones de derechos humanos pedimos que los hechos sean investigados por un panel de expertos independientes.