En los últimos años hubo en la Argentina avances importantes en la lucha contra la violencia de género, entre ellos la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Sin embargo, la ley no tiene una implementación efectiva orientada a la no repetición de este tipo de violencia. Los Estados nacional y provinciales deben producir información accesible y detallada sobre violencia contra las mujeres, según prescribe la ley. No hay datos estadísticos oficiales sobre violencia de género, herramienta indispensable para llevar adelante políticas que la disuadan.
En 2005, el CELS, junto con el abogado Juan Manuel Salgado, presentó el caso de Ivana Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ivana sufrió dos intentos de homicidio en la misma noche por su ahora ex marido, Mario Edgardo Garoglio, que la dejó adentro del baúl del auto gravemente herida. Salió de un hospital neuquino luego de 45 días. Consideramos que el Estado violó sus derechos a la integridad personal, a la igualdad, a la vida privada, a la defensa, a la justicia y a las garantías y protección judiciales.
Cuando la violencia de género de la que fue víctima llegó a juicio, el fiscal pidió una condena por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, pero introdujo un atenuante por circunstancias extraordinarias: “la historia de la víctima, su personalidad y actividad… cuando era soltera y cómo fue sacada de la noche por el imputado… No fue una buena madre, ni una buena esposa”. El tribunal de la provincia de Neuquén respaldó la actuación discriminatoria de la fiscalía y Garoglio fue condenado a 5 años de prisión. Luego se fugó.
Trece años después, Ivana Rosales sigue reclamando una respuesta efectiva del Estado. A la violencia de género que sufrió por parte de quien era su pareja, le siguió la violencia institucional por parte de distintos ámbitos del Estado que la estigmatizaron y revictimizaron. La ley 26.485 entiende la violencia institucional como la que realizan los agentes de cualquier ente público para que se retarde, obstaculice o impida que las mujeres accedan a las políticas públicas y ejerzan los derechos de los que el Estado, a través de sus poderes, es garante.
En la Argentina cada 32 horas se comete un femicidio. Las víctimas de violencia de género deben tener asistencia, participación y acompañamiento en las distintas etapas de los procesos judiciales. El Consejo Nacional de las Mujeres aún no presentó ni puso en marcha el Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tal como lo establece la ley 26.485, que permitiría articular políticas a nivel nacional, provincial y municipal.