Hoy, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza condenó a diez años de prisión al ex policía bonaerense Julio Torales por haber torturado a Luciano Arruga cuando estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, el 22 de septiembre de 2008.
En un fallo unánime, el TOC 3 afirmó que Torales “sabía perfectamente los derechos que tenía el niño y sus familiares y se los negó” y calificó los golpes y amenazas de los que Luciano Arruga fue víctima como torturas. La sentencia fija un precedente importante porque recoge los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para determinar si hubo tortura. “El elemento orientador para afirmar que hubo torturas está dado por la intensidad de las mortificaciones y la causación del dolor físico”, señaló.
Además, ratifica las denuncias: el joven era víctima de hostigamiento y violencia policial. La sentencia es clara en condenar estas prácticas policiales extorsivas con los jóvenes varones que viven en las zonas pobres de la provincia de Buenos Aires. El 22 de septiembre de 2008, Luciano Arruga, con 16 años, fue detenido de manera irregular y llevado al destacamento, un lugar inhabilitado para alojar personas y prohibido expresamente para los menores de edad. Mientras estuvo detenido, fue golpeado, humillado, amenazado y aislado de su familia, que denunció que el joven era hostigado por agentes de la policía bonaerense. Cuatro meses después Luciano desapareció. El 17 de octubre de 2014 se encontró su cuerpo y se descubrió que había fallecido el 1 de febrero de 2009 en circunstancias que están siendo investigadas por la justicia federal.
En la sentencia, los jueces afirmaron: “Luciano Arruga nos habló a través de los relatos brindados por su madre Mónica Raquel Alegre, su hermana Vanesa Romina Orieta, su amigo Juan Gabriel Apud, la amiga de su hermana, la licenciada Rocío Gallegos; a quienes les contó lo que había padecido”. Esta valoración es central para la lucha contra la impunidad cuando se denuncia violencia institucional, casos en los que con frecuencia el sistema judicial desacredita los testimonios de las víctimas y sus familiares, tal como ocurrió con la familia de Luciano durante muchos años.
Es necesario que este fallo tenga consecuencias concretas en las políticas públicas de seguridad que garanticen la no repetición de estas prácticas. Las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires no pueden pasar por alto que en el curso de una semana, dos tribunales de la provincia condenaron por tortura a 5 ex funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el caso del asesinato de Patricio Barros Cisneros, y a un ex integrante de la Policía Bonaerense en el caso de las torturas a Luciano Arruga. Se trata de decisiones judiciales que dan cuenta de que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son una realidad en los lugares de privación de libertad y de que las víctimas de estas violaciones son los sectores populares.
En esta causa, el CELS y la APDH-La Matanza representan a Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga.