Matías Carbonell murió el 12 de noviembre de 2010, luego de 24 días de internación en el Hospital Penna donde fue tratado por el gravísimo cuadro de salud con el que había llegado el 19 de octubre, derivado del Hospital Borda.
El 15 de julio de 2016, en representación de su familia, pedimos al Poder Judicial que procese a 11 profesionales del Borda que fueron responsables de los hechos que llevaron a Matías a la muerte y de las maniobras de encubrimiento de lo que ocurrió en el hospital. También solicitamos que se impute la comisión de hechos de tortura sobre Matías durante sus últimos meses de internación.
Cuando Matías, de 24 años, ingresó al Penna, los médicos señalaron una serie de lesiones físicas compatibles con quemaduras de tipo B, como las que deja el pasaje de corriente eléctrica, y realizaron una denuncia policial. Las pericias que se hicieron durante la investigación probaron que esas quemaduras no pudieron pasar inadvertidas para los profesionales del Borda, lo que reafirmó la sospecha de que la intención fue ocultarlas.
Después de 5 años y medio de investigación pedimos que los responsables sean procesados por abandono de persona seguido de muerte y por las maniobras de encubrimiento. La muerte de Matías no responde a la negligencia profesional, sino a la falta de tratamientos adecuados y al abandono generalizado. Sobre esto hay pruebas contundentes.
En diciembre de 2009 Matías había sido trasladado en forma violenta desde el Servicio 25-B al 14-22 del Borda. Sobre este sector pesaba una medida cautelar de cierre urgente por las condiciones peligrosas y humillantes en las que se encontraban las personas internadas. Sin embargo, seguía funcionando. En 2010, mientras estuvo en el 14-22, aumentaron tanto las agresiones hacia Matías como el estado de abandono. El joven atravesó una internación en condiciones denigrantes; fue víctima de malos tratos y tortura y soportó diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales. Había sido elegido por sus compañeros como delegado y era el impulsor de reclamos para lograr mejores condiciones de internación.
En junio de 2016 la jueza Wilma López terminó de tomar las declaraciones indagatorias solicitadas por el CELS y la fiscalía de Pompeya. Los dichos de algunos imputados mostraron contradicciones en el relato sobre lo sucedido en las horas previas del traslado de Matías al Penna. Además, en lugar explicar por qué Matías salió quemado y con riesgo de vida de ese hospital, la estrategia de los acusados fue criminalizar a la víctima y a su familia.
La familia de Matías estuvo junto a él en la búsqueda del tratamiento que necesitaba. Luego, en varias ocasiones denunció los malos tratos de los profesionales del Borda al juzgado civil que intervenía en la internación y a su curadora, sin obtener respuesta. Desde su fallecimiento, busca que la muerte de Matías no quede impune.
Lo que le pasó a Matías Carbonell pone de relieve la realidad de las instituciones psiquiátricas y la necesidad de garantizar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y la prevención de torturas y tratos inhumanos en estos lugares.