Se está discutiendo una Nueva Agenda Urbana en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que se realiza del 17 al 20 de octubre en Quito. Su objetivo es fijar estándares internacionales para reducir la cantidad de hogares sin vivienda y alcanzar un desarrollo urbano sustentable para los próximos 20 años. Pero para eso los Estados tendrían que abandonar el modelo actual que prioriza el lucro por sobre las personas.
La prevalencia de esta lógica en los procesos de urbanización latinoamericanos ha tenido como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de millones de personas, entre ellos su derecho al agua potable, a la salud, a la educación y a la tierra. El CELS y muchas otras organizaciones sociales y territoriales de la región están participando en Hábitat III para asegurar que esta realidad no se ignore.
La agenda urbana que se pone en discusión en Quito destaca la necesidad de regular el mercado inmobiliario, tomar medidas específicas para “combatir y prevenir la especulación” y capturar los incrementos de valor generados por “los procesos de desarrollo urbano, proyectos de infraestructura e inversiones públicas”. Pero esto es insuficiente porque no plantea la necesidad de que los Estados intervengan en profundidad sobre las dinámicas de mercado que han exacerbado los niveles de segregación y desigualdad territorial.
En línea con la declaración La Nueva Agenda Urbana debe estar basada en los Derechos Humanos, los Estados reunidos en Hábitat III deberían haber aprovechado esta oportunidad para impulsar políticas públicas que promuevan una urbanización inclusiva y prioricen las necesidades de las poblaciones más vulneradas. En ese sentido, la declaración emitida por 12 expertos y relatores de derechos humanos subraya: “Las responsabilidades de derechos humanos de los gobiernos locales y subnacionales no pueden cumplirse si los desarrolladores, contratistas, y los fondos de inversión continúan utilizando la vivienda y la tierra como inversión para el beneficio personal sin tener en cuenta las consecuencias para los derechos humanos de sus acciones y si los bancos multilaterales y las instituciones financieras siguen financiando proyectos urbanos y el desarrollo de infraestructuras que conducen a desalojos forzosos, desplazamientos, guetización y una mayor exclusión”.
El documento central de Hábitat III tampoco reconoce el “derecho a la ciudad”, un concepto valioso para entender las ciudades como espacios que ofrecen condiciones privilegiadas para acceder a los bienes, servicios y equipamientos que hacen a una buena calidad de vida. Este concepto es ampliamente reconocido por las organizaciones civiles y sociales como quedó reflejado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
En este escenario destacamos las propuestas contenidas en el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, impulsado por el CELS en el marco del colectivo de organizaciones Habitar Argentina. El Consenso promueve un conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo el desarrollo territorial con justicia social, sostenibilidad ambiental y respeto a las culturas locales. Algunos de sus ejes son la regulación y redistribución de rentas en los mercados de suelo, la regulación del mercado de alquileres, la producción social del hábitat y el acceso universal a los servicios básicos y a los equipamientos sociales.