El juicio ESMA Unificada –que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad– es el más grande de la historia judicial argentina. En él se pueden ver buena parte de los déficits que tiene el Poder Judicial para llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy continúan en juicio 55 imputados; desde que inició 13 personas fueron apartadas por razones de salud o porque fallecieron.
El tribunal destina poco tiempo a las audiencias. Entre el 15 de mayo de 2012, en que se realizó la audiencia preliminar, y el 16 de septiembre de 2016, se realizaron 328. En 2016 hubo 71 audiencias. Los alegatos se iniciaron en julio de 2015; los de las defensas comenzaron en abril del año pasado y para fines de 2016 solo lo habían hecho 27 imputados. El promedio de tiempo que le dedicó el tribunal a las 28 audiencias de alegatos fue 1 hora y 41 minutos. El fiscal del juicio, Abel Córdoba, reclamó celeridad: “un juicio de esta relevancia histórica no debe tener un trámite supletorio y que sólo haya audiencias cuando no hay otras ocupaciones”. Las querellas, entre ellas el CELS, presentamos un pedido al tribunal para que se resuelvan esas dificultades. No hubo respuesta. En noviembre y diciembre de 2016 sólo hubo ocho audiencias.
En la etapa final del juicio las recusaciones de los jueces sin justificación provocan nuevas dilaciones. La defensa de casi la mitad de los acusados presentó una recusación contra el juez Obligado. En otra presentación, el imputado Ricardo Cavallo recusó a los jueces Obligado, Pallioti y Bruglia por supuesta “parcialidad manifiesta”, porque 14 audiencias se iniciaron sin su presencia, demora atribuible a los traslados del Servicio Penitenciario Federal y no al tribunal. Además, el imputado tiene acceso a los registros fílmicos. Como querellantes, pedimos que se rechacen las recusaciones. Hoy, el TOF 1 rechazó los planteos de Cavallo porque entendió que no se encuentra afectada la garantía del tribunal imparcial ni el derecho de defensa en juicio.
Este debate lleva más de cuatro años de trámite, dos de los cuales son de alegatos, por lo que resulta necesaria su agilización y pronta finalización. Las víctimas y sus familiares llevan cuatro décadas pidiendo justicia; entre ellas está Mónica Mignone, hija de Emilio, uno de los fundadores del CELS.