A partir del miércoles 16 de agosto se realizarán cuatro audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la constitucionalidad de las normas que posibilitan la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta e infringen la libertad de culto, de conciencia y otros derechos.
La causa que llega al máximo tribunal, caratulada “Castillo, Carina Viviana y otros c/Provincia de Salta, Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/amparo”, fue iniciada en 2010 por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de madres y padres que reclamaron al Estado provincial la imposición de la religión católica como enseñanza obligatoria en horario escolar.
El CELS y otras cinco organizaciones de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) nos presentamos como amicus curiae ante la Corte porque entendemos la importancia de mantener separados al Estado y las religiones. El derecho a la igualdad y a la no discriminación exige que el Estado no privilegie a una religión por sobre otras convicciones, sean religiosas o no.
En la audiencia del 30 de agosto expondremos estos y otros argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de las normas salteñas que habilitan la educación religiosa en las escuelas públicas. Además del CELS, las organizaciones de la red INCLO que presentaron el amicus son la ACLU (American Civil Liberties Union), CCLA (Canadian Civil Liberties Association), HCLU (Hungarian Civil Liberties Union), HRLN (Human Rights Law Network) de la India y el LRC (Legal Resources Centre) de Sudáfrica.