Hoy terminamos de alegar en el tercer juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos conocido como ABO. Este debate, que comenzó el 20 de septiembre de 2016, buscó esclarecer el rol y las responsabilidades penales de nueve imputados en los secuestros y torturas de 352 personas y en los asesinatos de 19 de ellas. Para la querella unificada, quedaron acreditados los delitos que se les atribuyeron a los acusados, como coautores de los hechos.
Solicitamos al Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital Federal que condene a Alfredo Omar Feito, quien integró el Batallón de Inteligencia 601, a la pena de prisión perpetua por los secuestros y tormentos de ocho personas y el homicidio triplemente agravado de una. Al ex alférez de la Gendarmería Nacional Juan Miguel Méndez a prisión perpetua por los secuestros y tormentos de 212 personas y los asesinatos de diecinueve de ellas. A Héctor Horacio Marc, quien pertenecía formalmente al Servicio Penitenciario Federal, a la pena de prisión perpetua por los secuestros y tormentos de 289 personas y los asesinatos de diecinueve.
Seis de los imputados pertenecieron al sector de Inteligencia de la Policía Federal Argentina. Para Juan Carlos Mario Chacra, pedimos la pena de prisión perpetua por los secuestros y tormentos de 305 personas y el homicidio triplemente agravado de diecinueve de ellas. Solicitamos que se condene a Eduardo Ángel Cruz a la misma pena por los secuestros y tormentos de 213 personas y por ser coautor de homicidio de diecinueve de ellas. A Gerardo Jorge Arráez, a prisión perpetua, por los secuestros y tormentos de 214 personas y los homicidios de diecinueve. Para Ricardo Valdivia pedimos la condena a prisión perpetua por los secuestros y tormentos de 201 personas y los homicidios de diecinueve de ellas. Para Carlos Alberto Lorenzatti y Raimundo Oscar Izzi solicitamos que se los condene a 25 años de prisión; a Lorenzatti por los secuestros y tormentos de 154 personas y a Izzi, por los de 57 personas.
ABO
Bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército funcionaron numerosos centros clandestinos de detención, en cada una de las subzonas en las que se dividió el Comando de Zona de Defensa Primera. En el ámbito de la Capital Federal funcionó un centro clandestino de detención que mutó de nombre y de ubicación, pero no de detenidos-desaparecidos, represores y métodos y elementos de tortura.
“Atlético” funcionó desde fines de 1976 hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina. El lugar tuvo que ser abandonado porque se encontraba en el área de trazado de la autopista “25 de Mayo”, que se estaba construyendo en aquellos años.
Mientras se acondicionaba una nueva sede, las personas que permanecían secuestradas en el Atlético, así como los represores que operaban en él, fueron llevados a fines de diciembre de 1977, transitoriamente, a un predio ubicado en La Matanza. “El Banco” funcionó entre el 28 de diciembre de 1977 y el 16 de agosto de 1978.
Aquel día se mudaron a una nueva sede, “El Olimpo”, ubicada en la calle Lacarra y Ramón L. Falcón de la Capital, donde estaba la División Automotores de la Policía Federal. Funcionó hasta principios de 1979.
La cantidad de secuestrados que alojaron fue variando; a medida que ingresaban, los militares vaciaban el lugar en forma periódica por medio de uno o dos “traslados” por mes. Se trataba de un mecanismo de disposición final para eliminar a las víctimas. A lo largo del proceso de justicia, aún no se habían esclarecido en un juicio los traslados-asesinatos de Carlos Antonio Pacino, Hugo Julián Luna, Nora Fátima Haiuk, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez, Ana María Pifaretti, Juan Carlos Rugilo, Mabel Verónica Maero, Franklin Lucio Goizueta, Irma Niesich, Roberto Alejandro Zaldarriaga, Pablo Pavich, Abel Héctor Mateu Gallardo y Guillermo Pagés Larraya.
El CELS encabeza la querella con el Equipo Jurídico Kaos. Interviene como querellante en calidad de organismo de derechos humanos, en representación de todas las víctimas. Además, representa como querella particular a Carmen Aguiar de Lapacó, por su caso y el de su hija Alejandra Lapacó; a María Paula Maroni y María Rosa Graciela Giganti, por su caso y el de Juan Patricio Maroni; a Carlos Pisoni, por sus padres Irene Bellochio y Rolando Pisoni; a Isabel Cerrutti, por su propio caso; a Josefina y Francisco Giglio, por Virginia Isabel Cazalás de Giglio y a Agustín Cetrángolo, por Víctor Cetrángolo.
El Equipo Jurídico Kaos representa a Carlos Rodolfo Cuellar, Guillermo Cabrera Cerocchi, Jorge Alberto Allega, Delia Barrera y Ferrando Mario Villani, Matías Ayastuy –por los casos de sus padres Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone–, Rufino Jorge Almeida, Jorge Osvaldo Paladino, Dominga Bellizzi de Scutari –por su propio caso y por los de Hugo, Francisco y Horacio Scutari– Juan Agustín Guillén, Julieta y Pablo Risso –por los casos de sus padres Norma Puerto de Risso y Daniel Risso–, Ada Cristina Marquat de Basile –por el caso que la tuvo como víctima junto a Enrique Luis Basile y Emilia Smoli de Basile–, Ramiro Poce –por el caso de su padre Ricardo Poce–, Fernando Tocco –por el caso de su padre José Tocco–, Roxana Sposaro –por el caso de Lucía Teresa Ambrosetti–, María Julia Daroqui –por el caso de Juan Carlos Daroqui–, Enrique Augusto, Esteban, Estela Alicia y Susana Bugnone –por el caso de María Elena Bugnone de Bonafini–, y María Eugenia Sampallo Barragán por el caso de Leonardo Rubén Sampallo. La querella de Irma Liliana Medina, hermana de Rubén Medina, se encuentra representada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y las familias Pacino, Peña y Villanueva por el abogado Pablo Llonto.
*Foto: La izquierda diario