Hoy alegamos en el juicio por la Masacre de Magdalena en el que se juzga el rol de 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la muerte de 33 personas durante el incendio en la Unidad Penal N 28, en octubre de 2005. Como querellantes en representación de Rufina Verón, madre de César Javier Magallanes, una de las víctimas del incendio, consideramos que quedaron acreditados los delitos que se les atribuyeron a los acusados.
Después de casi cuatro meses de juicio y de haber escuchado el testimonio de más de 150 testigos, solicitamos al Tribunal Oral en lo Criminal N 5 de La Plata que condene a los penitenciarios Juan Emiliano Santamaría, Reimundo Héctor Fernández, José Luis Martí, María del Rosario Roma, Gualberto Molina, Marcelo Valdiviezo, Juan Zaccheo, Juan Cesar Romano, Carlos Augusto Busto, Maximiliano Morcella, Marcos David Sánchez, Eduardo Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Rubén Montes de Oca y Gonzalo Pérez a penas de entre 7 y 15 años por el delito de abandono de persona.
Los responsables jerárquicos actuaron con negligencia y avalaron las condiciones que permitieron esas muertes. Para Cristian Alberto Núñez, ex jefe de Guardia de Seguridad Exterior, pedimos una condena a 2 años y 4 meses y para Daniel Oscar Tejeda, ex director de la Unidad 28, una pena de 5 años; en ambos casos por el delito de homicidio culposo agravado.
Los hechos
Hace 12 años 33 personas que estaban privadas de su libertad por delitos menores, en prisión preventiva, murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16. El personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había ingresado al pabellón con escopetas con munición antitumulto como respuesta a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, desde una distancia menor a la permitida, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros contra ellos.
Tras la violenta represión, se inició un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los internos corrieron hacia las puertas delanteras y las encontraron cerradas con candado –se abrieron minutos antes de que llegaran los bomberos, cuando el fuego estaba autoextinguido–. Los penitenciarios encerraron a los detenidos en un pabellón en llamas.
Los gritos de ayuda se escucharon desde los otros pabellones. Las pruebas de la causa hablan de una acción deliberada que impidió que los detenidos pudieran salvar sus vidas. Los penitenciarios no realizaron tareas de rescate para preservar las vidas que estaban bajo su custodia, antes bien se dedicaron a tomar medidas para evitar fugas. Buscaron cartuchos para las escopetas, usaron esposas en los internos que querían ayudar, reforzaron su custodia.
Los detenidos de los pabellones contiguos, cuando vieron que estaban dejando morir encerrados a los jóvenes, lograron liberarse y buscar mangueras –los nichos no tenían agua, entonces llenaron baldes con agua–, matafuegos –no tenían carga, entonces los usaron para hacer boquetes–, abrieron la puerta de emergencia, ingresaron cubiertos en mantas, sacaron cuerpos, los trasladaron a la zona de sanidad. Esto lo repitieron una y otra vez.
Los bomberos recibieron el llamado de la unidad a las 23.55 de la noche, 25 minutos después de que la cámara 2 del penal mostrara la salida de humo denso del pabellón 16. Cuando ingresaron, entre las 00.05 y 00.10, ya quedaban pocos cuerpos dentro de pabellón y los boquetes estaban finalizados. Los bomberos se encontraron solos, dentro del penal, sin indicaciones del personal penitenciario; eso les generó temor. No había agua en ninguno de los hidrantes de los módulos del penal. Un camión llegó para abastecer de agua al primero, pero ambos se retiraron. A los quince minutos, ingresó otro camión de bomberos, a las 00.20. En esta oportunidad, dos bomberos ingresaron al pabellón 16 acompañados por internos para terminar de sacar los cuerpos que aún estaban adentro.
Las 33 víctimas fatales llevan en sus cuerpos marcas similares: inhalaron humo y gases tóxicos, estuvieron expuestos a altas temperaturas y respiraron aire con un porcentaje muy bajo de oxígeno. Estas circunstancias por sí solas no son las que desencadenaron las muertes, sino que lo hicieron en función del tiempo de exposición a esos elementos, que se prolongó por el encierro, por la imposibilidad de huida, porque no se realizaron a tiempo las tareas de rescate.
El incendio en el penal de Magdalena y la muerte de 33 personas detenidas en prisión preventiva en esas circunstancias, no fueron hechos imprevisibles. Por el contrario, fueron consecuencias del hacinamiento y la violencia, así como de la falta de interés en el cuidado de la vida humana, características del Sistema Penitenciario Bonaerense.